Contra el desorden fiscal para reducir gastos y bajar impuestos

El Consejo Fiscal ha desarrollado una interesante alerta sobre la crisis fiscal que se avecina si el Legislativo sigue aprobando normas que incrementan el gasto corriente en aproximadamente el 20% anual. En ese contexto, se señala que el Perú, para cubrir el hueco fiscal, tendría que aumentar su deuda pública en 70% con respecto al PBI, tal como sucede con todas las economías en la región que han sido devastadas por la izquierda.

Todos los peruanos de buena voluntad, entonces, debemos respaldar el análisis del Consejo Fiscal. Se informa que, entre el 2021 y el 2025 el Congreso aprobó más de 100 leyes que representan S/ 36,000 millones de gasto. Asimismo, se advierte que hoy existen más de 352 proyectos en ese sentido y algunas de ellas sumarían cerca de S/ 25,000 millones. Una de las causas principales del descontrol fiscal es el incremento de la planilla pública: la cédula viva para 162,000 profesores jubilados que suma S/ 5,670 millones anuales, el nombramiento de los profesores y de los Contratos Administrativos de Servicios.

Sin embargo, entre el diagnóstico correcto, el progresismo consciente, una vez más, pretende, como se dice, meter en el saco de la juerga fiscal a la nueva ley que establece un régimen tributario especial en el agro. ¿Por qué se pretende mezclar papas con camotes y atacar la única ley procapitalista en el Legislativo? No existe un solo argumento técnico o económico que justifique esa posición, a menos que el progresismo consciente converja con el antisistema en el intento de evitar la capitalización del agro y la consiguiente reducción de la pobreza.

Durante dos décadas el Perú tuvo un régimen promocional en los aspectos tributario y laboral en el agro que permitieron inversiones sobre el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura, no obstante que el país tiene la potencialidad de multiplicar por cuatro la superficie moderna del agro. En ese contexto, la recaudación se incrementó de S/.97 millones anuales a más de S/. 826 millones. Es decir, sin la derogada ley de Promoción Agraria -norma derogada por el progresismo consciente- el Estado habría recaudado S/ 2,200 millones. Sin embargo, se recolectó S/ 9100 millones. En otras palabras, S/ 7000 millones más para el fisco.

Todos saben esa verdad. ¿Por qué entonces el progresismo consciente insiste en colocar en el mismo saco del dispendio fiscal a la única ley de los últimos años que traslada recursos del Estado al privado con el objeto de multiplicar la inversión, la reinversión y la generación de empleo?

A nuestro entender el asunto es ideológico. El progresismo hoy pretende liderar la lucha por la estabilidad fiscal sin mencionar que, en las últimas dos décadas, ha surgido uno de los estados burocráticos más aterradores en la región. Los 19 ministerios del gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas consumen un tercio del PBI nacional de cerca de US$ 300,000 millones. Una barbaridad para una economía de ingreso medio.

Ese estado burocrático, con sus oficinas, planillas y sobrerregulaciones, vuelve imposible desarrollar una reforma tributaria para simplificar el sistema de cobros y bajar impuestos. Vuelve en imposible cualquier estrategia de trasladar recursos del Estado al sector privado para multiplicar la inversión. Igualmente, es la fuente de un déficit fiscal estructural fiscal que mejora o empeora de acuerdo a la trayectoria de la recaudación fiscal, extremadamente volátil en una economía de ingreso medio.

Todos respaldamos al Consejo Fiscal en las alertas sobre la crisis fiscal y la destrucción de la economía y el Legislativo debe ser detenido en sus intentos de destruir la macroeconomía con el objeto de garantizar reelecciones. Sin embargo, no aceptemos el prejuicio ideológico del progresismo consciente en contra de la capitalización del campo y la inversión privada: el régimen tributario promocional del agro es la única norma procapitalista del actual Congreso.