Consejo de Trabajo sin empresarios, ¡Y no pasa nada en el Perú!

Cualquier analista internacional que investigara sobre las relaciones de trabajo en el Perú llegaría a la conclusión de que nuestro país es una nueva república socialista en donde flamea la bandera con la hoz y el martillo. ¿Una sobrerreacción derechista? ¿Cómo se puede entender la indiferencia de las mayorías y de la oposición en el Congreso frente al retiro de los empresarios del país del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), desde fines de julio pasado?

Y si recordamos que los gremios de empresarios se retiraron del CNT porque el MTPE promulgó decretos laborales sin consultar con el sector privado, tal como lo establecen los tratados internacionales firmados por el país, las cosas se agravan. Y si además consideramos que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó el procedimiento de promulgación de los decretos del MTPE porque se ignoró la consulta tripartita (Estado, trabajadores y empresarios) el asunto se vuelve inexplicable. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿En qué momento se colectivizaron las relaciones de trabajo? Únicamente un Estado que pretende estatizarlo todo ignora el papel que cumplen los empresarios en la prosperidad de una nación.

Vale recordar que el sector empresarial en el país aporta el 80% de los ingresos del Estado, genera más del 80% del empleo (en los sectores formal e informal) y representa el 80% del total de la inversión en el país. ¿Cómo entonces alguien pretende matar a la gallina de los huevos de oro del Perú?

Los decretos laborales que prohíben la tercerización laboral (hoy inaplicada por Indecopi), que fomentan la sindicalización –en fábricas, sectores productivos y grupos empresariales– y liberalizan en extremo el derecho a huelga, violentan la productividad de las empresas, porque pretenden distribuir riqueza sin crearla. Semejantes normas parten del criterio socialista acerca de que la prosperidad de los trabajadores depende de su capacidad de lucha de clases. Es decir, de su capacidad de lograr la redistribución de la plusvalía (una de las tantas hechicerías del marxismo y el comunismo) que “los empresarios extraen del valor social (otro concepto mágico) que producen los trabajadores”.

Y todo indica que este concepto socialista sobre la prosperidad de los trabajadores también ha colonizado la mentalidad de los principales actores de la oposición. De otra manera no se entiende cómo hasta hoy se han negado a derogar en el Congreso los mencionados decretos laborales, que solo fomentarán la informalidad en un segmento de empresas formales y llevarán a la quiebra y desaparición de muchas unidades económicas.

El Gobierno de Pedro Castillo está anclado en una concepción laboral y sindical que ha fracasado en todo el planeta durante el siglo XX y los primeros años del XXI. No se necesita ser un científico social para conocer que los trabajadores que buscan el futuro en otros países suelen migrar de sociedades en donde se ha legislado en todo “a favor de los trabajadores” para restarle iniciativa “al empresario explotador”. 

Los venezolanos, protegidos en todos sus derechos sociales por la legislación chavista, suelen migrar a los Estados Unidos, país en que la legislación solo protege a la inversión empresarial. ¿Por qué? Porque en el gran país del norte existe tanta inversión privada que faltan trabajadores para cubrir la demanda de empleo. Esta lógica es el motor y la energía de la gran unión del norte, y de la cual no pueden escapar ni republicanos ni demócratas. 

La verdad acerca de que solo los empresarios son los creadores de riqueza se parece tanto a una ley física que China y Vietnam, paradigmas comunistas del siglo pasado, hoy desarrollan una de las legislaciones laborales pro empresariales más audaces del planeta. Sin embargo, los comunistas nacionales siguen embarcados en las magias y hechicerías del marxismo del siglo XIX.