¡Congreso debe restablecer la ley de Promoción Agraria ya!

El Congreso está en la urgente obligación de enviar señales claras a los mercados para garantizar un mínimo de crecimiento de la inversión privada en el 2022. De lo contrario se avecina una tragedia en el Perú: la inversión privada caerá estrepitosamente, el crecimiento se derrumbará y aumentará la pobreza y la desesperanza social.

Si el Ejecutivo tiene una relación tortuosa e indefinida con la inversión privada, entonces la mayoría republicana y democrática del Congreso debería tener las cosas claras. La inversión privada explica el 80% de la reducción de pobreza en las últimas tres décadas (de 60% de la población a solo 20%, antes de la pandemia) y siempre ha sumado más de 80% de la inversión total en el país; e igualmente, siempre ha proveído el 80% del empleo. Y si se trata de abundar en detalles, la inversión privada aporta el 80% de los ingresos fiscales.

Sin crecimiento de la inversión privada, el Perú comienza a volver a escenificar la tragedia venezolana. El presidente Castillo al anunciar que el Ejecutivo promoverá una constituyente ha frenado en seco el crecimiento de la inversión privada. Todo indica que en el 2020 habrá crecimiento cero. El asunto entonces es dramático para los pobres y excluidos, y es una bomba que explotará en la cara del Ejecutivo.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe pasar a una contraofensiva a favor del modelo económico, a favor de la promoción de la inversión privada, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. Es decir, debe pasar a desarrollar una de las estrategias más eficaces para detener la asamblea constituyente.

A nuestro entender, una de las señales más claras de parte del Congreso debería ser la restitución de la vigencia de la derogada Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), una de las mejores leyes económicas de nuestra historia, absurdamente derogada por la administración Sagasti y el anterior Congreso.

Basta recordar que durante las dos décadas de vigencia de la Ley N° 27360, el Perú pasó de ser un mendigo agrario, que apenas exportaba US$ 850 millones anuales, a enviar más de US$ 7,000 millones de agroexportaciones a los cinco continentes. Nuestras exportaciones se diversificaron en más de 600 variedades de frutas y hortalizas, se crearon clusters productivos cerca de las regiones exportadoras –que proveían a la industria– y se generaron más de un millón de empleos formales.

Una de las cosas más significativas es que en los 20 años de vigencia de la ley de Promoción Agraria se captaron más de US$ 20,000 millones de inversión. ¿Cómo fue posible el milagro exportador del Perú que sorprendió al planeta y que, sin embargo, fue ignorado por quienes promovieron la derogatoria de la mencionada norma? 

La Ley N° 27360 establecía un régimen tributario promocional porque un proyecto agroexportador demora más de una década en madurar. Por esas consideraciones, se captó miles de millones de dólares en inversión en apenas 250,000 hectáreas de tierras. Es decir, en el 5% del total de las tierras dedicadas a la agricultura. El 95% restante (es decir, más de cuatro millones de hectáreas) son conducidas por minifundistas de la llamada “primera reforma agraria velasquista”, que desarrollan una agricultura de subsistencia y viven en pobreza.

Otra de las razones del milagro exportador peruano que sorprendió al mundo es el régimen de flexibilidad laboral, que permitía contratar de acuerdo a la estacionalidad de la agroexportación: siembra, cosecha y mantenimiento. La flexibilidad laboral posibilitó que –en determinadas zonas agroexportadoras como Ica, por ejemplo– surgieran regiones con pleno empleo.

Regímenes tributarios y laborales especiales, entonces, fueron las claves para el regreso de los capitales y la inversión privada al agro luego de la devastación, pobreza y miseria, que causó la primera reforma agraria velasquista. Con la Ley N° 27360 ganaron todos: el Estado recaudó más impuestos, avanzó la formalización del empleo agrario, se redujo la pobreza y prosperaron las ciudades cerca de las zonas agroexportadoras.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe proceder a restablecer la Ley de Promoción Agraria ¡ya!