Canon minero transforma zona andina

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó las transferencias por concepto de canon minero a los gobiernos regionales, de S/ 4,575 millones, distribuidos entre enero y octubre. Las regiones Áncash, Arequipa y Cusco fueron las que recibieron más recursos provenientes de la minería.

Áncash recibió S/ 1,324 millones, que representan el 28.9% del canon total. Arequipa, S/. 969 millones (21.2%); y Cusco, S/. 360 millones (7.9%). Las otras regiones con mayores recursos son Tacna (S/ 292 millones), La Libertad (S/ 276 millones), Moquegua (S/ 257 millones) y Apurímac (más de S/. 199 millones).

El canon minero es una valiosa herramienta económica para la reducción de la pobreza en la zona andina. En la región Apurímac es notoria la nueva clase media rural generada por la actividad minera. Según el informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en Apurímac se redujo de 71.1% en 2007 a 36.1% en 2016. Por el proyecto de cobre Las Bambas, en la provincia de Cotabambas, la mayor parte de pobladores del distrito de Challhuahuacho han ampliado su patrimonio. 

Es decir, las inversiones de cobre estimulan el derecho de propiedad de los comuneros. Además, por convenios con las comunidades, Las Bambas construye y equipa los colegios de los poblados, y otorga becas a los profesores y estudiantes de las zonas de influencia minera. Los jóvenes seleccionados asisten a cursos de capacitación en las universidades y en el Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico (Senati) para especializarse en mecánica, electricidad y operación de equipos pesados y de planta. 

Según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), en los últimos 10 años, por concepto de canon, la minería ha aportado más de S/ 41,000 millones. Vale señalar que las universidades también participan de la distribución del canon. En 2018, la Universidad Nacional del Santa y la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Áncash recibieron S/ 27 millones. La universidad de San Agustín de Arequipa recibió S/ 26.5 millones. Estos fondos, provenientes del canon, deben ser destinados para proyectos de investigación universitaria. 

En este contexto de progreso, llamó la atención que el presidente de la República, Martín Vizcarra, en septiembre pasado, después de reunirse con las autoridades del sur, anunciara la conformación de una comisión de alto nivel para elaborar una nueva Ley General de Minería. “Obsoleta, con más de 30 años”, fue el argumento de Vizcarra para justificar el cambio de la legislación vigente, ignorando la transformación lograda por la minería en las comunidades alejadas del país. 

Al respecto, la Mancomunidad del Sur —conformada por Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna— propone crear la Empresa Minera del Perú (estatal). El plan de los gobernadores regionales es la participación del Estado en la actividad minera, tal como sucedió con Centromin Perú, Minero Perú y Hierro Perú, empresas estatales de la dictadura velasquista, con resultados espantosos. El experimento minero socialista contaminó el medio ambiente, incrementó la burocracia (siempre permisiva con los actos de corrupción en todos los niveles de la actividad minera estatal) y sus ingresos sirvieron para pagar sueldos de privilegio para los empleados estatales.   

Además, los gobernadores pretenden atomizar el canon, por intereses políticos sin fijarse en el bienestar de los pobres. Plantean distribuir el canon directamente a las comunidades. De esta manera los recursos extraordinarios obtenidos de la minería no servirán para obras también extraordinarias, como sistemas de agua potable, electrificación, vías de comunicación y proyectos vinculados a la salud y educación. El propósito de los gobernadores del sur es repartir el dinero proveniente del canon para utilizarlo en gasto corriente y consumo. Si esta distribución del canon se establece, las transferencias serán dilapidadas por una burocracia comunal que se instalará para gastar en cualquier cosa, menos para favorecer a los pobladores con obras de envergadura real.