¡Basta! ¡Estado de emergencia en corredor vial del sur y Ayacucho sur!

Al cierre de esta edición, en el distrito de Challhuahuacho un grupo de pobladores bloqueaba el corredor vial del sur en protesta en contra del alcalde distrital. Luego la plataforma de “acción directa de masas” se amplió con demandas al gobierno y, finalmente, las exigencias incluyeron 15 nuevas peticiones a la mina Las Bambas. Con este bloqueo se producían cuatro interrupciones al mismo tiempo en el corredor vial del sur:  en Huincho, en Tumtuma-Velille, en Chumbivilcas y en el óvalo de Ocoruro (en Espinar). En otras palabras, un área en virtual guerra social.

El bloqueo del corredor vial del sur amenaza el traslado del mineral de las minas Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, y de todas las las minas que producen más del 50% del cobre nacional. En el caso de Las Bambas, una de las diez minas del metal rojo más grandes del planeta, la situación es dramática. Los bloqueos y la invasión de unas decenas de pobladores de la comunidad de Huancuire en el tajo Chalcobamba han reducido la proyección de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) a menos de 240,000 TMC para el presente año.

Pero la ofensiva de las minorías radicales no solo se desencadena en contra de las minas que se emplazan en el corredor vial del sur –en los departamentos de Apurímac y Cusco–, sino también en el sur de Ayacucho. En esta área, la mina Inmaculada, del grupo Ares, ha sido atacada por tres decenas de personas que han puesto en peligro la vida de 1,700 trabajadores y la maquinaria de la empresa. Vale recordar que, unos meses atrás, las minas Apumayo, Breapampa, Pallancata y la propia Inmaculada, padecieron la ofensiva de minorías radicales que, incluso, llegaron a quemar maquinaria de las empresas.

Ahora bien, ¿por qué se está multiplicando la violencia en las regiones mineras hasta constituirse en una verdadera ofensiva contra la minería moderna? Es evidente que en el Gobierno de Pedro Castillo se ha renunciado a preservar el principio de autoridad democrática. En las áreas mineras, la Constitución, las leyes, el respeto a los contratos, y el Estado de derecho se han convertido en letra muerta.  Minorías radicales de todo tipo, con diversos intereses, desde simples grupos rentistas hasta núcleos ideológicos colectivista –que pretenden estatizar los recursos naturales–, concurren y prosperan en los conflictos sociales ante la renuncia del Estado, del gobierno y de las autoridades a restablecer el Estado de derecho.

Si el Gobierno de Pedro Castillo pretende dar una mínima señal de gobernabilidad debería establecer el estado de emergencia en todo el corredor minero del sur y en la zona sur de Ayacucho para detener la ofensiva radical contra un sector clave del país. La minería es una de las principales explicaciones de que –en las últimas tres décadas– el PBI se haya triplicado y que la pobreza se haya reducido del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia. Al respecto, ha trascendido que un sector del actual gabinete está por establecer el Estado de emergencia, pero otro sector –más vinculado al eje del Foro de Sao Paulo y la asamblea constituyente– se opone frontalmente a esta urgente decisión.

Sin embargo, no solo se trata de la renuncia del Ejecutivo a ejercer la autoridad en las zonas mineras, sino que también la oposición no se da por notificada ante la destrucción de la minería moderna. De alguna manera, los sectores que defienden la Constitución, las instituciones y el equilibrio de poderes no han vinculado la defensa de la libertad con la defensa del modelo económico, sobre todo de la minería.

Muy por el contrario, los sectores que proponen la asamblea constituyente sí entienden con claridad que el modelo económico, basado en la inversión privada y la desregulación de mercados, es uno de los principales rivales a derrotar para lograr que aumente la pobreza y el cuestionamiento al modelo. En ese camino se han propuesto destruir a la minería moderna.