Apuntes sobre la importancia de la flexibilidad laboral

El Gobierno de Keiko Fujimori ha presentado a los Comisionados de Alto Nivel que formularán propuestas sobre cuatro áreas prioritarias; entre ellas la formalización laboral y la productividad, encargada a Gustavo Yamada y Miguel Jaramillo. La designación abre una expectativa razonable por la trayectoria de ambos profesionales y, en particular, por la conocida postura de Jaramillo sobre los efectos en la legislación laboral derivada de una sentencia del Tribunal Constitucional del 2001.

En una resolución del Tribunal Constitucional se estableció que el trabajador despedido podía optar entre la indemnización legal y la reposición en su puesto laboral. Frente a esto, en la investigación hecha por Jaramillo —“Los efectos desprotectores de la protección del empleo. El impacto de la reforma del contrato laboral de 2001”— se concluyó que esta reforma redujo en 70% la probabilidad de acceder a un contrato por tiempo indefinido en el largo plazo. El problema que se presentaba: ante una relación laboral difícil de terminar, las empresas reducen su disposición a establecer vínculos permanentes.

En la investigación de Jaramillo se establece que para 2015 se perdieron cerca de 936,000 puestos adicionales con contrato por tiempo indefinido. Incluso, en ese mismo año, los trabajadores dejaron de percibir alrededor de S/ 5200 millones en ingresos. De esta forma, la rigidez creada para proteger el empleo se volvió en un bumerang para el mundo laboral.

Así, el diseño peruano terminó aproximándose a una lógica de estabilidad laboral extremadamente rígida, comparable con el modelo vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, creado por Evo Morales y el Movimiento de Acción al Socialismo (MAS), el cual obliga al empleador a reincorporar al trabajador despedido en un plazo de cinco días, bajo amenaza de proceso judicial de oficio. En otras palabras, la sentencia del TC nos acercó a un modelo anti inversión privada y anti empresarial.

Con todas estas limitaciones, resulta evidente que la rigidez laboral es uno de los causantes de los altos niveles de informalidad: Cajamarca registra 89%, Puno 88% y Apurímac 87%, mientras Lima alcanza 55%. Entre los jóvenes, tres de cada cuatro trabajan informalmente. Y a nivel nacional más del 70% de los trabajadores —alrededor de 12 millones— es informal. A esta dificultad para contratar y despedir se suma el elevado costo de incorporar formalmente a un trabajador, que puede representar entre el 66% y 71% adicional de su salario para el empleador; un monto imposible de asumir para cualquier mype.

Este mercado laboral rígido y costoso también está acompañado por una regulación que no responde adecuadamente a la realidad peruana actual. Desde el BID se afirma que buena parte de estas normas fueron diseñadas a mediados del siglo XX para un trabajador asalariado, formal y urbano que actualmente ya no representa a la mayoría de la fuerza laboral. El resultado es un compendio de 147 normas laborales, de las cuales 65% fueron creadas durante los últimos 20 años.

Ahora bien, la evidencia internacional confirma que facilitar la contratación y el despido puede contribuir a enfrentar la informalidad asociada a la rigidez. El Employment Flexibility Index 2020 ubica entre los mercados laborales más flexibles a Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Dinamarca, países que también presentan pleno empleo. 

Así pues, el problema laboral que enfrenta el Perú requiere que la Comisión de Alto Nivel para la formalización laboral y la productividad revise la estructura que la limita, la cual está marcada por la rigidez, los elevados costos de contratación y una regulación que no responde a las condiciones actuales del mercado. Solo de esa forma, Yamada y Jaramillo lograrán que en el país existan más oportunidades laborales para todos los peruanos.