Antisistema se aprovecha de mineros informales

Casi al mismo tiempo que el Ejecutivo nombra una Comisión de Alto Nivel encargada de formular la Visión de la Minería del Perú hacia el 2030 —con el objeto de desarrollar una actividad “sostenible, inclusiva y generadora de desarrollo económico”— los mineros artesanales desarrollan plantones enfrente del Tribunal Constitucional, exigiendo la derogatoria de los Decretos Legislativos 1100 y 1105, promulgados por la administración de Humala y que, en la práctica, consagran la exclusión del pequeño minero de la legalidad.

La imagen es aleccionadora. En la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, al parecer, no se ha considerado la presencia de representantes de la minería artesanal. Si bien es innegable que la minería requiere grandes capitales y concentración de alta tecnología, en los principales países mineros del planeta no se concibe el desarrollo de esta actividad sin el aporte de la pequeña minería; tal como sucede, por ejemplo, en Chile y Australia.

En el Perú todo parece confabularse contra la minería artesanal. Una situación extremadamente grave, sobre todo considerando que los políticos antisistema, que buscan destruir la economía de mercado y la inversión privada, se han propuesto representar las demandas de este sector. Algo que constituye una grave amenaza para la democracia y la economía de mercado.

Pero, ¿por qué se afirma que se excluye a la minería artesanal? Por ejemplo, el DL 1100, de autoría del ex ministro nacionalista Manuel Pulgar Vidal, establece que un pequeño minero debe presentar las declaraciones juradas de los últimos cinco años, el respectivo RUC, el cálculo de las reservadas probadas y los contratos de explotación. ¿Alguien cree que un minero informal puede reunir semejante documentación? Si lo pudiera hacer no sería informal, sino pertenecería a la mediana minería. En el DL 1105 se establece que el minero artesanal que incumple regulaciones de carácter administrativo, técnico, social o ambiental, cae bajo la figura de minería ilegal.

En el Perú siempre se consideró como “minería ilegal” a las actividades que se realizan en zonas prohibidas, parques naturales y zonas excluidas. Hoy, según el DL 1105, todos los mineros informales pueden caer bajo la figura de minería ilegal. Y para cerrar el círculo, el DL 1244 establece que los delitos de minería ilegal forman parte de la figura de crimen organizado. En otras palabras, exclusión de la economía de mercado y criminalización de actividades económicas. Por todas estas consideraciones, los pequeños mineros desarrollan plantones ante el TC exigiendo la derogatoria de estas normas que violan el espíritu inclusivo de la Carta Política.

El gran problema es que no solo el Gobierno de Vizcarra —antes lo hizo PPK— sigue aplicando la legislación excluyente del nacionalismo, sino que en el Congreso también se ha abandonado compromisos asumidos en la pasada campaña electoral. Por ejemplo, Fuerza Popular se comprometió a derogar los DD. LL. 1100 y 1105, pero hasta hoy todo se ha postergado para las calendas griegas. Si el Estado y la élite política ignoran el problema, no es ninguna sorpresa que la formalización minera sea un completo fracaso: de un total de 400,000 mineros artesanales en el país, solo 70,000 firmaron una declaración de compromiso; pero apenas 30,000 pasaron la etapa de saneamiento legal, y solo 112 se formalizaron durante la administración Humala.

Los yerros que acumula el Estado en la formalización minera solo favorecen a las propuestas antisistema, que pretenden representar a este poderoso movimiento de productores excluidos. El anticapitalismo pretende defender a los mineros artesanales, no obstante que este sector social es procapitalista, proinversión y promercado.