Una de las reformas más importantes que debería emprende...
Cajamarca representa una de las paradojas más difíciles de explicar del Perú. Es una región con enormes reservas minerales, una de las mayores carteras de proyectos cupríferos del país y un potencial agrícola considerable, pero permanece desde hace 17 años entre las regiones con mayor incidencia de pobreza extrema. El problema, por tanto, no es la ausencia de recursos. El problema es la incapacidad del país para convertir esos recursos en inversión, empleo, infraestructura y mejores condiciones de vida para la población.
La oportunidad que hoy ofrece el cobre hace todavía más injustificable esta situación. El mundo se encuentra ante una demanda creciente de este metal debido a la electrificación, los vehículos eléctricos, las energías renovables, los centros de datos y la expansión de las nuevas tecnologías. Mientras otros países compiten por asegurar nuevas fuentes de abastecimiento, Cajamarca mantiene paralizada una cartera minera que supera los US$ 16,000 millones.
Allí se encuentran proyectos de escala internacional como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay. En conjunto, este corredor cuprífero podría incorporar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año, equivalentes a cerca del 60% de la producción nacional actual. No estamos hablando, por tanto, de pequeños proyectos marginales, sino de inversiones capaces de modificar sustancialmente la economía de una región y aumentar el peso del Perú en el mercado mundial del cobre.
La paralización de Conga en 2011 fue un punto de quiebre. Desde entonces, la conflictividad social, la incertidumbre política y la falta de una respuesta eficaz del Estado han contribuido a mantener congeladas inversiones que podrían haber generado miles de empleos formales y recursos fiscales para Cajamarca. El resultado de esta política es paradójico: mientras se cuestiona a la minería formal por sus impactos, la región continúa enfrentando pobreza, informalidad y una creciente presencia de actividades ilegales.
En este contexto, Michiquillay merece una atención especial. El proyecto adjudicado a Southern Perú contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre anuales. Su puesta en operación podría incrementar en casi 10% la producción cuprífera nacional. Pero su importancia no se limita a esas cifras: Michiquillay puede convertirse en el proyecto que devuelva credibilidad al corredor minero cajamarquino y demuestre que todavía es posible desarrollar grandes inversiones en una región que durante años ha sido sinónimo de oportunidades perdidas.
Además, un proyecto de esta magnitud puede generar un ecosistema económico mucho más amplio. Proveedores locales, empresas de transporte, servicios de ingeniería, metalmecánica, construcción, comercio y capacitación técnica pueden beneficiarse de la inversión. La minería formal no debe medirse únicamente por el número de trabajadores que ingresan directamente a una mina, sino por toda la actividad económica que genera alrededor.
Pero existe otro problema que Cajamarca debe resolver y que demuestra por qué la discusión sobre minería no puede separarse de la infraestructura. La región enfrenta una situación paradójica en materia de agua: tiene abundantes recursos hídricos, pero sus habitantes reciben agua potable apenas durante determinadas horas y los agricultores, en muchos casos, solo pueden realizar una cosecha al año.
Resulta especialmente importante, por ello, el proyecto hídrico que se viene desarrollando después de más de 25 años de espera y que reúne los esfuerzos del Gobierno nacional, el Gobierno Regional, municipalidades, la academia y Newmont, empresa vinculada a Yanacocha. Según las cifras presentadas, se trata de una inversión superior a los US$ 1,800 millones que comprende siete presas o reservorios, plantas de tratamiento de agua residual y otras obras destinadas a mejorar el abastecimiento. La represa de Chonta es solamente uno de los componentes de este sistema.
El dato más importante es que buena parte de estas inversiones ha sido impulsada y financiada por la propia empresa minera, que ha asumido incluso los costos de ingeniería necesarios para sacar adelante el proyecto. Se trata de un ejemplo de cómo la inversión privada puede contribuir a resolver problemas históricos de infraestructura cuando existe coordinación entre empresa, autoridades y sociedad.
La necesidad es evidente. Cajamarca registra una demanda aproximada de 638 litros por segundo de agua potable, pero actualmente solo dispone de algo más de 380 litros por segundo atendidos. En el campo, la escasez de infraestructura hídrica limita la productividad y reduce las posibilidades de que la agricultura se convierta en una actividad moderna y competitiva.
Esta experiencia debería servir para replantear el debate regional. La verdadera discusión no es minería versus agricultura, sino cómo aprovechar la inversión, el agua y los recursos naturales para desarrollar ambas actividades. La minería puede generar los recursos y la infraestructura que permitan modernizar la agricultura; y una agricultura más productiva puede convertirse, a su vez, en otra fuente de empleo y crecimiento.
Cajamarca no está condenada a la pobreza. Lo que ha faltado durante demasiado tiempo es una estrategia capaz de articular minería, agricultura, agua, infraestructura y capital privado bajo reglas claras. Para ello se necesita también un Estado que garantice el orden, la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley frente a quienes pretenden impedir inversiones mediante violencia o presión política.
La riqueza mineral de Cajamarca continúa bajo tierra y la oportunidad económica no permanecerá abierta indefinidamente. Michiquillay puede ser el punto de partida para recuperar la confianza y destrabar el resto de la cartera. Y los grandes proyectos de agua demuestran que la inversión minera puede contribuir directamente a resolver necesidades básicas de la población.
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