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No obstante que los efectos devastadores del fenómeno de El Niño y de El Niño costero cambiarán todas las proyecciones y resultados, la agroexportación peruana confirma, una vez más, su importancia para la economía nacional. Hasta julio de 2026, las exportaciones agrarias alcanzaron los US $6,840 millones, registrando un crecimiento de 2.5% frente al mismo periodo del año anterior. El resultado adquiere mayor relevancia cuando se observa que durante 2025 el sector superó los US $15,000 millones en ventas al exterior y acumuló trece años consecutivos de expansión.
La composición de estas exportaciones muestra además una oferta diversificada y competitiva. Las paltas encabezaron los envíos con US $1,128 millones, seguidas por las uvas frescas, con US$ 806 millones; y los arándanos frescos, con US$ 620 millones; entre otros. Esta oferta ha permitido al Perú consolidarse en distintos mercados internacionales: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Colombia, Ecuador, China y Canadá concentraron el 78.5% del valor exportado. El crecimiento también alcanzó al territorio: quince de las veinticuatro regiones mostraron un desempeño favorable y la costa registró un incremento productivo de 6.6%.
Luego de estas cifras que prometen, vale recordar otras para confirmar la enorme importancia de la agroexportación en el modelo de desarrollo nacional que debemos construir. El sector genera más de 2.2 millones de empleos, entre directos e indirectos. Asimismo, la reducción de pobreza en las regiones agroexportadoras supera el promedio nacional. Ica registró en 2025 una pobreza de apenas 4.5%, la menor del país, mientras Lambayeque alcanzó 14.5%.
Ahora bien, todo este dinamismo se desarrolla en apenas sobre 250,000 hectáreas, alrededor del 5% de la superficie agrícola total, mientras la franja costera podría albergar más de un millón de hectáreas cultivables. Entonces, si el Perú concreta su potencial agroexportador, los beneficios serían mayores. Se proyectan más de seis millones de empleos formales entre directos e indirectos, más de US$ 60,000 millones de inversión, el desarrollo de una manufactura agroexportadora y de servicios, nuevas ciudades intermedias alrededor de las regiones productivas y una transformación de la demanda de profesionales y técnicos. La recaudación fiscal del sector, además, podría multiplicarse por tres.
Para hacer realidad este potencial, la irrigación mediante proyectos hídricos es clave. Majes Siguas II habilitaría 40,000 nuevas hectáreas en Arequipa, con ingresos anuales estimados en US$ 1,340 millones y más de 180,000 empleos directos e indirectos. Chavimochic III incorporaría 63,000 hectáreas en La Libertad, cerca de 150,000 empleos entre directos e indirectos y exportaciones proyectadas en US$ 1,200 millones anuales. Y, Chinecas, en Áncash, irrigaría 121,000 hectáreas y produciría más de US$ 2,300 millones anuales, además de generar más de 160,000 empleos directos.
A esta agenda hídrica se suma la defensa del régimen promocional agrario. Desde la OCDE se ha recomendado eliminar la tasa de 15% en el impuesto a la renta e incrementar la fiscalización laboral y aumentar la carga tributaria. No obstante, en una economía marcada por la informalidad y la baja productividad como la nuestra, aumentar los costos de quienes producen formalmente desincentivará la inversión y dificultará la expansión del empleo formal.
Por tanto, si el objetivo es fortalecer al sector agroexportador, corresponde facilitar la contratación, reducir costos y simplificar trámites, de modo que las empresas puedan ampliar sus operaciones y sostener el empleo. Pues, tal y como ha señalado Gabriel Amaro para El Montonero, el agro tiene una dinámica laboral variable porque trabaja con seres vivos y depende de las estaciones y los ciclos productivos, por lo que requiere condiciones que permitan contratar trabajadores con la flexibilidad que exige cada campaña.
El Perú tiene, entonces, una decisión económica de fondo. La agroexportación ya demuestra que puede generar empleo, divisas, inversión y oportunidades fuera de Lima, mientras su expansión potencial permanece ampliamente abierta. Defender su crecimiento exige una política nacional decidida a impulsar los proyectos de irrigación y preservar las condiciones que hicieron posible la inversión.
















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