Ante la crisis algunos empresarios piden exoneraciones. ¡Increíble!

Si en el Perú hubiese la consciencia de que el modelo económico actual, a pesar de todos sus problemas, ha producido el mejor momento de inclusión económica y social de toda nuestra historia republicana, muy pocos se atreverían a proponer iniciativas que modifiquen las vigas maestras de la economía. Desde la fundación republicana la exclusión y la pobreza se asoció al 80% de la población, en tanto que solo un 20% de peruanos lograron acceder a los derechos de la propiedad y el sistema político.

Durante las últimas tres décadas, el modelo consagrado en la Constitución de 1993, y consolidado a través de las reformas económicas de los noventa y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, luego de cuadruplicar el PBI, redujo la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia, luego de Pedro Castillo la pobreza avanza hacia el 30%). 

Considerando esas cifras, entonces, nunca se redujo tanta pobreza como antes de la pandemia, gracias a un modelo que se basa en la desregulación de mercados y precios, en el papel subsidiario del Estado con respecto a la inversión privada y en el respeto a los contratos con los privados sobre cualquier contingencia política. Sin embargo, el modelo fue dinamitado desde adentro por la sobrerregulación que convirtió al Estado en uno de los más burocráticos de la región. Hoy el Estado peruano es la principal fuente de pobreza e informalidad, porque se ha convertido en una muralla contra la inversión privada y las iniciativas de la sociedad. 

Es en este contexto que llegó el gobierno destructivo de Pedro Castillo, con sus campañas a favor de una constituyente y la nacionalización de recursos naturales. El resultado: la caída dramática de la inversión privada y una fuga de capitales de más de US$ 16,000 millones. En este contexto, era inevitable que se presentará la actual recesión de la economía, que aumenta la pobreza.

Ante esta situación, en vez de proponer reformas que profundicen el modelo económico, desburocraticen el Estado, se deroguen todas las leyes anti inversión promulgadas por Castillo y promovidas por el progresismo, un sector de empresarios del país ha decidido, como se dice, pescar a río revuelto y plantear exoneraciones tributarias para siete sectores industriales que serían elegidos por acuerdos de burócratas y empresarios.

Ese es el sentido del proyecto 5892 del congresista José Jerí, que plantea que el Estado se convierta en el director de la industrialización del país a través de exoneraciones tributarias en renta, IGV, predial y créditos garantizados por el Estado para siete sectores industriales. En otras palabras, exoneraciones tributarias y banca de fomento como en tiempos del velasquismo y tal como acaece en la actual tragedia económica argentina. Algo más. Se propone priorizar los productos nacionales sobre los extranjeros, no solo para las industrias elegidas sino también para los proveedores y clientes de estos sectores. ¿Por qué más bien no proponen que el Estado entregue subsidios directos a las empresas elegidas?

El hecho de que un sector de empresarios solicite exoneraciones especiales y privilegios, a nuestro entender, es devastador para el futuro del sistema político y económico, sobre todo considerando que acabamos de superar el destructivo gobierno de Castillo, que pretendió colectivizar la economía a través de expropiaciones. La tendencia mercantilista en algunos sectores del empresariado nacional revela que nada hemos aprendido del fracaso velasquista, de la amenaza de Castillo, y de la tragedia económica que desatan los proyectos bolivarianos.