Ante invasión de Las Bambas, ¡recuperar el Estado de derecho!

Si la estrategia de los invasores de Las Bambas prospera –que, en la práctica proponen renegociar el contrato de concesión– se habrá disuelto el Estado peruano, y la Constitución, las leyes y los contratos firmados por el Estado se convertirán en letra muerta. En ese contexto, las invasiones de minas que las corrientes comunistas vienen alentando desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo se multiplicarán y todos se convertirá en una antesala de la llamada “nacionalización de los recursos naturales” y la asamblea constituyente.

Las invasiones de minas –los asaltos e incendios de los campamentos mineros que hoy contemplamos en Apurímac, La Libertad y Ayacucho– comenzaron a incrementarse desde que los pasados gabinetes Bellido y Vásquez se propusieron empoderar a las minorías radicales, mientras que, en el Congreso, Perú Libre presentaba una iniciativa para estatizar las minas y crear una empresa estatal de cobre.

Nadie puede negar que en las regiones mineras existe injusticia, sobre todo por la ineficiencia del Estado (gobiernos central, regional y local) en la redistribución de la riqueza minera: en el 2022 la minería aportó por canon más de S/ 7,844 millones (un aumento de más de 160% con respecto al año anterior) y, en la última década, se transfirieron cerca de S/ 50,000 millones a los gobiernos subnacionales. ¿En dónde están las carreteras, escuelas, centros de salud y sistemas de agua y desagüe en las zonas mineras?

Asimismo, el Perú debería iniciar una discusión sobre cómo mejorar el sistema de propiedad minera para fomentar mayor participación de las comunidades en los proyectos. Sin embargo, todo eso debe hacerse de acuerdo con la Constitución. Nada fuera de ella. De lo contrario, se alentará la situación revolucionaria que fomentan las corrientes del Foro de Sao Paulo que, en el corto plazo, buscan destruir el sistema de propiedad de la minería con tomas y asaltos de minas, tal como sucedió en los años sesenta con las tomas de tierras antes la de expropiación de tierras del velasquismo.

Por todas estas consideraciones es extremadamente urgente que el Gobierno, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía nacional (PNP) recuperen el Estado de derecho en las regiones mineras, que violentan algunas decenas de activistas radicales. De lo contrario, el proceso revolucionario avanzará en sus objetivos de estatizar las minas, será imposible desarrollar reformas y la competitividad minera del país desaparecerá.

Resulta inadmisible que decenas de comuneros de Huancuire invadan las tierras del tajo de Chalcobamba, de Las Bambas, no obstante que vendieron sus tierras a las mineras hasta en tres ocasiones, sumando más de S/ 222 millones por la transacción. Y lo más devastador e inaceptable es que ellos han comenzado a desarrollar minería ilegal, tal como lo demuestra una intervención del Ministerio Público y la PNP.

La invasión del tajo Chalcobamba es la principal explicación de que la proyección de producción anual de Las Bambas es de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC), pero apenas llegarán a 240,000 TMC en el 2022. ¿Por qué? Las Bambas tiene tres tajos como proyecto de mina: Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. El primero comienza a agotarse por el desarrollo de la mina. Chalcobamba ha conseguido todos los permisos del Ministerio de Energía y Minas luego de dos años de consultas y procedimientos en los que se negaron a participar los comuneros de Huancuire.

La demora en la explotación de Chalcobamba entonces es la principal explicación del desplome de la producción anual de Las Bambas (el otro es el bloqueo de más de 500 días del corredor vial del sur), no obstante que se trata de una de las diez minas de cobre más grande del mundo, que representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero, el 75% de los ingresos de Apurímac y genera más de 8,000 empleos directos y más de 70,000 indirectos. ¿Cómo es posible que unas decenas de activistas paralicen la producción de una mina clave del país y encima desarrollen minería ilegal?