¡A salvar la agroexportación cueste lo que cueste!

Perú Libre y la izquierda suele repetir la monserga de “la segunda reforma agraria”; y nadie, con un mínimo criterio, entiende a qué exactamente se refieren. ¿Por qué? Porque en el Perú existen 7.5 millones de hectáreas con potencial agrícola, de las cuales 4.5 millones están conducidas por agricultores. Amigo lector, ¿sabes usted cuántas hectáreas se dedican a la agroexportación, es decir, a la agricultura intensiva en capital y en tecnología? Apenas 250,000 hectáreas. Es decir, 4.25 millones de hectáreas están conducidas por más de dos millones de minifundistas que desarrollan agricultura de subsistencia y permanecen en pobreza.

Cuando los comunistas hablan de una “segunda reforma agraria” evocan el vocablo de la tragedia velasquista (reforma agraria) que arrasó y empobreció el campo. A partir de allí se dibujan imágenes de expropiaciones y confiscaciones de tierras. Sin embargo, expropiar a menos del 5% de tierras agrícolas sería un recurso demagógico y un verdadero crimen social para la agricultura nacional.

Los más de dos millones de minifundistas que subsisten y permanecen en pobreza necesitan títulos de propiedad para tener la capacidad de firmar contratos y fomentar la asociatividad de las pequeñas parcelas y crear economías de escala. Títulos de propiedad, contratos y asociatividad pueden ser las claves para acceder a políticas de crédito agrario. Igualmente el Estado necesita informar y capacitar a los minifundistas acerca de las demandas y comportamientos de los mercados nacionales e internacionales, y reconvertir la producción hacia productos rentables.

Sin embargo, otra de las condiciones claves para acelerar la superación de la agricultura de subsistencia es la continuidad y el crecimiento de la agroexportación para convertir a este sector en el vagón que jale al sector y organice cadenas de producción con los minifundistas que avancen en la asociatividad. Si la agroexportación avanza y despega, y el Estado fomenta la asociatividad de los minifundistas, el Perú puede convertirse en un sector similar al de los países desarrollados.

Para alcanzar este objetivo es fundamental que el Congreso derogue la ley que impulsó la administración Sagasti (en colaboración con la pasada mesa directiva del Congreso) y que derogó la Ley de Promoción Agraria. Restableciendo la vigencia de la pasada Ley de Promoción Agraria –que establece un régimen tributario promocional y una legislación laboral flexible– estaremos en condiciones de superar los logros de la mencionada norma en dos décadas: aumento de nuestros envíos al exterior de US$ 800 millones a más de US$ 7,000 millones, diversificación de nuestra oferta en más 600 variedades de frutas y hortalizas, conquistas de mercados en todos los continentes, más de un millón de trabajadores con contratos formales y significativa reducción de pobreza en las regiones agroexportadoras.

Luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria algunas empresas nacionales comenzaron a diversificar su cartera de inversiones en otros países; por ejemplo, en Colombia. La emigración de capitales –antes de la llegada de la administración Castillo– se produjo no obstante que el Perú tiene el potencial de ampliar sus inversiones en agroexportación en más de 400,000 nuevas hectáreas, si se avanza en nueve proyectos de irrigación y si se termina con la incertidumbre política y legal.

Los proyectos comunistas, bolivarianos y totalitarios, necesitan acabar con el capitalismo para terminar con el crecimiento, la inversión privada, la generación de empleo y el proceso de reducción de pobreza. En ese camino, uno de sus objetivos es la destrucción de la agroexportación.

Cuando se acaba con la economía de mercado y la inversión privada, la mayoría de una sociedad se vuelve pobre, como en Venezuela, y entonces el clientelismo, el bono y el sueño de la expropiación estatal se ponen a la orden del día. Por todas estas consideraciones, ¡tenemos que salvar a la agroexportación cueste lo que cueste!