El Gobierno anunció que Japón será el enc...
Todas las fuerzas democráticas, dentro y fuera del Congreso, deberían aceptar que el principal logro de las corrientes comunistas y del eje bolivariano –que llegaron al poder con Pedro Castillo– ha sido detener el crecimiento de la economía y convertir, nuevamente, a la sociedad peruana en una que aumenta la pobreza. En ese sentido, las propuestas de una asamblea constituyente y de nacionalizaciones, y la violencia del verano pasado, si bien no concretaron el proyecto de la constituyente, si lograron frenar la economía de mercado y el crecimiento económico del país, que causaba admiración en el mundo.
Vale recordar que el modelo económico, consagrado en la Constitución y los 22 tratados de libre comercio, permitió triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia) y, de una u otra manera, convertir al Perú de una sociedad pobre a una de ingresos medios con mayoría de clases medias. Todos esos círculos virtuosos se han detenido. Las campañas del progresismo, el Gobierno de Pedro Castillo y las olas de violencia del verano pasado, simplemente, han desaparecido la posibilidad de cualquier nueva inversión en el país. Hoy el Perú ha reducido sus clases medias, ha aumentado la población en situación vulnerable y la pobreza se acerca a un tercio de la ciudadanía. El motivo: el crecimiento se desploma. En el primer semestre de este año el crecimiento ha sido cero, con tendencia a la recesión, y todo señala que la pobreza seguirá aumentando.
Si consideramos que, en las dos últimas décadas se redujo la pobreza sostenidamente, y pese a esa situación la amenaza antisistema estuvo presente en las elecciones del 2006, del 2011, hasta ganar en el 2021, ¿qué puede suceder con unas elecciones del 2026 con aumento de pobreza? La llamada tercera toma de Lima ha fracasado, pero el proyecto electoral del antisistema creemos que está intacto.
Por todas estas consideraciones, creemos que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, el Apra, el PPC, Somos Perú, Podemos y todas las fuerzas que creen en la institucionalidad deben proponerse relanzar el crecimiento como uno de los objetivos centrales hacia el 2026. Algo más. El clima de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo hace viable estos propósitos. Por ejemplo, hacia el 2026 deberíamos proponernos habilitar inversiones en las nuevas 100,000 hectáreas que se pondrán en valor con el destrabe de Majes Siguas II y la tercera etapa de Chavimochic. Sin embargo, para que se materialicen estos objetivos necesitamos con urgencia restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que fue absurdamente derogada por el Gobierno provisional de Sagasti.
Igualmente, el Ejecutivo necesita restablecer a plenitud el Estado de derecho en el corredor minero del sur, en donde se emplazan las minas que producen más del 40% del cobre nacional. Algo que no será posible si el Ministerio Público y el Poder Judicial no identifican y procesan a las minorías violentistas que bloquean carreteras y asaltan las operaciones mineras. Sobre este compromiso con el Estado de derecho se debe garantizar el inicio de proyectos como Tía María en Arequipa, Conga y Michiquillay en Cajamarca, y otras minas del norte.
El Perú, entonces, necesita poner en movimiento las inversiones detenidas sin ninguna justificación, excepto por las guerras que desatan el progresismo y las corrientes comunistas en el país. Para avanzar en ese camino, igualmente es imprescindible comenzar a discutir reformas de mediano y largo plazo, tales como la simplificación de los trámites en el Estado, las reformas tributaria, laboral, en educación y en salud, y solucionar los graves déficits de infraestructuras.
Como se aprecia, la guerra política con el eje bolivariano, el colectivismo y el maoísmo inevitablemente también se escenificará en el crecimiento y la reducción de la pobreza.
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