¡A recuperar la autoridad democrática en el corredor vial del sur!

La decisión de imponer el toque de queda e inamovilidad social para Lima y Callao el 5 de abril pasado –que desencadenó una de las protestas más impresionantes de los últimos años– es una reacción paradójica y contradictoria, sobre todo si consideramos la conducta del Ejecutivo en el llamado corredor minero del sur. Frente a la ofensiva de minorías radicales –que ejercen violencia y bloqueos– en contra de las minas emplazadas en esta área, y que producen más del 50% del cobre nacional, el Gobierno de Pedro Castillo ha renunciado abiertamente a ejercer la autoridad democrática y a aplicar la Constitución y las leyes.

En este contexto, la mina Cuajone –de Southern Perú– permanece paralizada por más de 40 días (la planta y el campamento minero) por los bloqueos de algunas minorías que exigen US$ 5,000 millones de compensación por la concesión de unas tierras otorgadas en la década de los setenta. La absurda demanda pretende desconocer las concesiones y contratos otorgados por el Estado bajo el imperio de las últimas dos constituciones. El resultado: el Perú pierde S/ 8.5 millones diarios por la paralización.

En el caso de MLB-Las Bambas los bloqueos en algunas provincias cusqueñas –la operación minera se desarrolla en Apurímac– han acumulado más de 460 días de paralizaciones y se pierden US$ 9 millones por cada día de bloqueos. Las pérdidas para el país y el Apurímac no son cualquier cosa: MLB representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% del PBI de Apurímac.

Cuajone y MLB-Las Bambas suman alrededor del 30% de la producción de cobre nacional; sin embargo, el Ejecutivo renuncia a ejercer la autoridad democrática, a aplicar la Constitución y las leyes. Y, muy por el contrario, parece interesado en empoderar a las minorías radicales que bloquean carreteras, vías ferroviarias y paralizan la producción.

¿Cómo entender pues el arrebato a favor de la autoridad del Ejecutivo con el toque de queda y la inamovilidad social en Lima del pasado 5 de abril? Si un Gobierno “ejerce la autoridad y promueve el respeto a la ley” –como se argumentó para justificar la medida de excepción–, entonces no puede renunciar abiertamente al orden constitucional en un área –tal como sucede en el corredor vial del sur–y pretender defender la ley en Lima y el Callao. Una especie de esquizofrenia que solo alienta la destrucción del sistema republicano. 

Es evidente que detrás de este manejo especial del principio de autoridad, a nuestro entender, está un proyecto político autoritario. Por ejemplo, en el corredor minero del sur los ex presidentes de Consejo de Ministros, Guido Bellido y Mirtha Vásquez, adrede, apostaron por empoderar a las minorías radicales y apoyaron las demandas desproporcionadas de algunos sectores. El objetivo era evidente: crear el caos social alrededor de las minas, paralizar la producción y, sobre esta anarquía, generar un movimiento a favor de la estatización del cobre.

En el caso de Lima y Callao se ensayó un libreto autoritario mirando futuras acciones en contra de la libertad. Se utilizó el temor que causaron algunas minorías violentistas en provincias y en Lima para intentar conculcar los derechos constitucionales de más de 10 millones de peruanos. No lo lograron y, por el contrario, el Gobierno retrocedió en todas las líneas.

Por todas estas consideraciones, si el Ejecutivo pretende demostrar un mínimo de coherencia con respecto al ejercicio de la autoridad democrática y el combate al caos y la anarquía, sobre la marcha debería decretar el estado de emergencia en el corredor minero del sur.

Quizá para convencer a los miembros del Ejecutivo de recuperar la autoridad en las zonas mineras habría que recordar que el Perú es el segundo productor de cobre del mundo y que hoy la libra del metal rojo ha superado niveles históricos. El Perú pierde enormes posibilidades de crecer y reducir la pobreza.