A pesar de todo, ¡agroexportaciones crecieron en el 2022!

Los envíos al exterior de nuestras agroexportaciones en el 2022 sumaron más de US$ 9,800 millones, cifra superior en 12% a los envíos del 2021, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Sin embargo, vale precisar que las proyecciones del 2023 –que estimaban envíos por cerca de US$ 11,000 millones– se modificarán a la baja por los ataques y violencia en contra de las agroexportadoras en Ica y en el norte del país.

A estas alturas es evidente que las vanguardias comunistas y sectores radicales que atacan aeropuertos, comisarías y carreteras, no solo buscan la asamblea constituyente, sino quebrar el aparato productivo. En ese sentido, la minería, el turismo y las agroexportaciones –columnas del modelo económico– se han convertido en sus blancos principales. Se acaba de conocer que activistas radicales se han trasladado a Piura con objeto de atacar agroexportadoras y cerrar la industria del turismo de los balnearios. Ambas actividades generan miles de empleos.

Sin embargo, vale señalar que con respecto a las agroexportaciones las siete plagas en contra no comenzaron con la violencia sino con la derogatoria de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía regímenes tributario y laboral especiales para promover inversiones y fomentar la contratación masiva de empleo formal. Bajo el imperio de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio firmados por el país, y la mencionada ley derogada, las agroexportaciones, en las últimas dos décadas, se han incrementado de US$ 621 millones a más de US$ 9,800 millones el año pasado, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se contrataron 1 millón de empleos formales (entre directos e indirectos). Por otro lado, la pobreza en las regiones agroexportadoras bajó notoriamente, y se ubicó debajo de la media nacional.

Sin embargo, el éxito de las agroexportaciones siempre desató la ira de las corrientes comunistas y socialistas, sobre todo por sus posibilidades y potencia en la reducción de pobreza en las regiones agroexportadoras: en Ica se llegó al pleno empleo y la pobreza se redujo casi al 10% (el promedio nacional siempre estuvo sobre el 20% de la población). 

De allí que, durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción transitoria del Legislativo de Mirtha Vásquez, las movilizaciones de algunas decenas de activistas lograron derogar la Ley 27360. Desde esa fecha no se conocen de nuevas inversiones en el sector y desde el 2024 ya no habrá crecimiento.

Con la derogatoria de la Ley 27360 se eliminó el régimen tributario promocional y la flexibilidad laboral que permitía contratar de acuerdo a los ciclos de la agricultura: siembra, cosecha y mantenimiento. Algunas empresas llegaban a contratar hasta 20,000 trabajadores por campaña.

Una de las cosas más graves de la nueva Ley 31110 es que no solo elimina la flexibilidad, sino que dinamita la productividad de cualquier empresa o inversión en el agro: en caso de incrementarse la Remuneración Mínima Vital en todo el país, inmediatamente se produciría un incremento de 30% adicional, a través de la llamada Bonificación Extraordinaria para el Trabajador Agrario (BETA). Considerando que, en los costos de producción, los contratos laborales pueden representar cerca del 60% del total, ¿cuántas empresas lograrán sobrevivir a esta medida? 

Las izquierdas, pues, han apuñalado a las agroexportaciones con la derogatoria de la Ley 27360 y la violencia actual. Semejante obsesión de las corrientes colectivistas en contra de la mencionada ley tiene que ver con el prejuicio ideológico acerca de que la riqueza la producen los trabajadores y que los empresarios solo son “explotadores”. Si las cosas fueran así, no habría mayor problema: todos los trabajadores deberían ponerse a producir al margen de las ventas y asunto solucionado. Todos sabemos que semejante apuesta solo creará más pobreza, porque la riqueza se genera en los precios que alcanzan los productos en los mercados; es decir, en el terreno que solo es dominado por el innovador, por el empresario.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360).