¡A derogar ley que deroga Ley de Promoción Agraria!

Una de las herencias más nefastas del pasado Congreso, de la mesa directiva del Legislativo y de la administración Sagasti, sin lugar a dudas, es la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), considerada una de las mejores leyes económicas de las últimas décadas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que posibilitó la conversión del Perú, de un mendigo agrario, en una potencia agroexportadora mundial, con envíos al exterior de más de US$ 7,000 millones.

Otro de los logros más significativos de la norma derogada es que en el agro se llegó a contratar a más de un millón de trabajadores formalizados. ¿Cómo se pudo derogar una ley que posibilitó más de US$ 20,000 millones de inversión en dos décadas y una constante reinversión en el sector?

Una vez más todo comenzó con el relato comunista, que suele encandilar la sensibilidad de nuestros progresistas.  El muñeco comunista de “la segunda reforma agraria” hizo creer a algunos que las injusticias, exclusiones y postergaciones en el agro provenían de la "explotación" que supuestamente hacen las agroexportadoras. Algunos colectivistas panfletarios incluso resucitaron el estribillo de los nuevos “barones del azúcar”.

Sin embargo, las cifras entierran el relato comunista. En el Perú existen 7.5 millones de hectáreas (ha) con potencial agrícola, de las cuales 4.5 millones están dedicadas a la agricultura. Amigo lector, ¿sabe usted, cuánta extensión de tierra se dedica a la agroexportación? Alrededor de 250,000 ha. Es decir, algo  así como el 5% del total de la agricultura. Los otros más de 4.2 millones hde hectáreas están conducidas por más de dos millones de minifundistas, que desarrollan una agricultura de subsistencia y viven en situación de pobreza. ¿Cómo entonces se podía culpar a la agroexportación? Imposible.

La ley de Promoción Agraria establecía un régimen tributario especial que fomentaba la permanente reinversión en el sector. Por ejemplo, en el 2019, frente a la incertidumbre política de la administración Vizcarra, las empresas distribuyeron alrededor de US$ 22,000 millones en utilidades, pero en el sector agrario todo fue reinversión. De allí el crecimiento del 2020 en plena recesión.

Igualmente, la ley derogada establecía un régimen laboral flexible que posibilitaba contratar a trabajadores con todos los beneficios sociales, pero de manera temporal. Es decir, de acuerdo a la estacionalidad del agro: siembra, mantenimiento y cosecha, por ejemplo. Algunas corporaciones contratan cerca de 25,000 trabajadores por campaña.

Sin embargo, la nueva ley (Ley 31110, que derogó la anterior) estableció una remuneración mínima vital agraria (RMVA) por encima del mínimo vital nacional. Una verdadera locura y discriminación contra el sector. El INEI acaba de señalar que la informalidad laboral ha aumentado en más de nueve millones de trabajadores y uno de los sectores de más incremento es el agro. Allí está el resultado directo.

Pero eso no es todo.  La nueva ley agraria promueve la sindicalización, en un país en donde solo el 5% de los trabajadores tiene sindicato. ¿Cómo se sindicaliza con la informalidad en aumento? Asimismo, la mencionada ley fomenta la negociación por ramas y los contratos preferenciales, en un sector que se rige por la estacionalidad y la temporalidad en el trabajo. Todo suena entonces a locura ideológica.

Hoy que todos los sectores democráticos y republicanos se oponen a la colectivización de la economía y al proyecto totalitario del Ejecutivo, el Congreso no solo debe defender la Constitución, el equilibrio de poderes y las libertades, también debe defender las inversiones y el empleo. Es la única manera de evitar una ola de estatizaciones y expropiaciones. 

Por todas estas consideraciones, se debe proceder a derogar la ley que deroga la Ley de Promoción Agraria y restablecer la plena vigencia de esta en el mediano y largo plazo.