En defensa del archivo nacional

El equipo técnico de la sociedad civil ante el acuerdo a que han llegado el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación, para trasladar los valiosos fondos de la Dirección de Archivo Republicano y la Dirección de Archivo Notarial de la sede Palacio de Justicia y ubicarlos en el estacionamiento y la sala Kuélap del citado ministerio y en la Biblioteca Pública de Lima sita en la Avenida Abancay, pone de conocimiento público lo siguiente:

1. Manifiesta su extrañeza ante el hecho de que, para llegar al citado acuerdo, en la primera reunión de trabajo, llevada cabo el 17 de enero del presente año, no se haya convocado la presencia de la alta dirección del Archivo General de la Nación, posteriormente removida, a pesar de que es la institución legalmente competente sobre la materia. Asimismo, porque en tal reunión, ante las irreflexivas presiones del Poder Judicial, el Ministerio de Cultura aceptó y solicitó “hacer una mudanza progresiva”. Dicho acuerdo tampoco considera la opinión técnica en contra de la sociedad civil, los gremios culturales (SITAGN, UNASSE y SITRACAS-AGN) y, últimamente, la de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y del mismo presidente del organismo rector a nivel internacional, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) que, el 5 del presente mes, ha instado a las autoridades peruanas a suspender el citado traslado.
2. Deplora, que el Poder Judicial en la consecución del objetivo que se ha trazado, tras realizar la inscripción irregular de ambas áreas del Archivo General de la Nación de la sede Palacio de Justicia en los Registro Públicos, y ganar un juicio en el cual fue juez y parte, no tome en consideración que el Estado no cuente en la actualidad con un espacio idóneo donde ubicar y centralizar los citados fondos; y que su presidente, la Dra. Inés Tello Gilardi, haya pedido al Ministerio de Cultura, “como muestra de una voluntad política”, la entrega de los 2,000 m2 de lo que llama: “área administrativa”; es decir, todo el primer ambiente en dos etapas de la sede histórica del Archivo General de la Nación donde, en el cual, en realidad, se ubican el repositorio de Notariales, conservan las Autógrafas de Ley de los presidentes de la República, los registros de inmigrantes, Archivo Audiovisual, se realizan los procesos técnicos y se brinda servicio en la sala de investigaciones y atención al ciudadano. Como es de público conocimiento, las áreas administrativas del Archivo se encuentran ubicadas en la avenida Nicolás de Piérola N° 589, en el edificio del ex Hotel Crillón, y son alquiladas. Cabe advertir al Ministerio de Cultura que, consentir compartir espacios de esta sede de Palacio de Justicia transgrede la elemental condición preventiva de que todo edificio de archivo debe ser de uso exclusivo institucional, para evitar las catástrofes que en el pasado han destruido los acervos sobre todo históricos.
3. Concita rechazo que una playa de estacionamiento haya sido propuesta, por el Ministerio de Cultura, para conservar el Patrimonio Documental de la Nación. Una playa de estacionamiento no es un lugar siquiera imaginable desde el punto de vista técnico internacional; por tanto, en la eventualidad de insistir en ello no se condeciría con la correcta conservación, custodia y la dignidad de la memoria histórica del Perú.
4. La información oficial que se ha podido conocer, concluye que las áreas constitutivas de la sala Kuélap no cuentan con la superficie, ni las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la conservación y resguardo de los 26.660 metros lineales de acervos objeto del planeado traslado, como también los demás fines y funciones del Archivo General de la Nación. Además, consta que se desconoce si la sala Kuélap tiene la capacidad de resistencia para soportar el peso del almacenamiento de la documentación. No ha sido realizado un estudio estructural previo de sus cuatro niveles y, sin embargo, causa estupefacción que ya ha sido elegida como repositorio.
5. La actual administración del Archivo General de la Nación, presidida una vez más desde el 29 de enero por la señora Olinda Graciela Rengifo García, ha suscrito un Acta de Acuerdo el 03 del presente mes con el Poder Judicial para desocupar los primeros 1127 m2 del primer piso institucional y realizar el traslado temporal de los precitados fondos, y comunicado a los servidores del referido organismo. La señora Rengifo se contradice consigo misma porque, el 10 de junio del año pasado, se ha manifestado y firmado opuesta a un traslado temporal en la carta que los ex jefes del Archivo General de la Nación dirigieron a la ex ministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña.
6. El traslado en tres etapas es un plan elaborado por la removida administración del Archivo presidida por el señor Nicolás Díaz Chávez; pero distinto en cuanto a los lugares de destino temporal de los acervos. Esto es sumamente preocupante, y lo es más en relación a los ambientes de la Biblioteca Pública de Lima. Dicho inmueble del Centro Histórico, ubicado en la Av. Abancay, se encuentra en la zona de más alta contaminación ambiental en Lima, por tanto, los gases y partículas sólidas en suspensión afectarían aún más la documentación histórica peruana. La Av. Abancay es, asimismo, lugar de continúas marchas y conocida convulsión social y el riesgo de catástrofe es alto, sea intencionada o debido a causas naturales. El edificio escogido, por otra parte, en específico el denominado “Franklin Pease”, al interior de la Biblioteca Pública, ha sido evaluado en dos oportunidades durante el mes de diciembre del año pasado por la Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación, presenta problemas de filtración en techos y paredes, el sistema contra incendios no se encuentra operativo. La citada Dirección, a través de dos informes concordantes ha concluido que el mencionado edificio no es recomendable para ser utilizado como depósito documental. Esta conclusión es terminante y tampoco puede ser ignorada ni ocultada por las autoridades a la ciudadanía.
7. Por sus consecuencias, es manifiesto que el acuerdo a que se ha llegado, por presión del Poder Judicial, constituye una abierta infracción al artículo 21 de la Constitución Política del Perú, que establece y manda: “… los documentos bibliográficos y de archivo son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición privada o pública. Están protegidos por el Estado”. Por igual, contraviene el artículo V de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que precisa: “… el Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente Ley”. (Título Preliminar. Artículo V.- Protección).
8. La ejecución del trasiego compulsivo de los documentos históricos y notariales del Archivo General de la Nación, a partir del 30 de abril, para lo cual se está elaborando un nuevo protocolo de traslado, sin respetar las exigencias técnicas orientadas a su conservación, ni contar con un catálogo a nivel de pieza documental para asegurar la custodia de los mismos, pondría en grave riesgo su integridad y conllevaría a su irreparable pérdida, más de las que se sigue sufriendo; de ahí la oposición firme del Equipo Técnico de la sociedad civil a dicho traslado. Se deja constancia que los funcionarios del Ministerio de Cultura y del Poder Judicial deberán asumir las responsabilidades penales que hubiere lugar.
9. Equipo Técnico exige al gobierno que emprenda la construcción de la sede central del Archivo General de la Nación, pero de conformidad con la doctrina y normas internacionales, y aún en cumplimiento de la Directiva expresa de la Dirección de Conservación del Archivo Nacional del 2018; esto mismo lo acaban de requerir la Asociación Latinoamericana de Archivos y su organismo rector, el Consejo Internacional de Archivos, y la Federación Internacional de Bibliotecarios e Instituciones -División de América Latina y el caribe- y el Regional de IFLA. Es imperioso informar a nuestros compatriotas que el “proyecto” de construcción a cargo de la Unidad 008 de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, con código de inversiones 2233917, es gravemente trasgresor del canon arquitectónico internacional estandarizado que pauta la construcción de edificios de archivo; baste señalar los fallos en el terreno, extremadamente reducido y con amenazas potenciales; los del diseño funcional del edificio, cuyo repositorio, por ejemplo, tiene una proyección efectiva de solo dos años contra los cincuenta mínimos estandarizados. El proyecto, sin embargo, tiene un alto costo de construcción y equipamiento, pues asciende a 435 millones de soles al 2027. Las observaciones técnicas sobre los fallos relacionados a las características del terreno no son recientes: están contenidas oficialmente desde el año 2006, en el Informe de Transferencia del Archivo General de la Nación, además de ser desde entonces advertidas públicamente. A partir del 2018 hasta el presente, con este mismo carácter, han sido señalados los fallos relacionados al diseño funcional del edificio. Las graves transgresiones del proyecto a cargo de la Unidad 008 han sido comunicados a todos los ministros de Cultura y en dos oportunidades a la señora presidente de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra a través de la mesa de partes del Despacho Presidencial.
10. El pasado 13 de enero, el Equipo Técnico de la sociedad civil se ha reunido y demostrado, de forma clara y categórica, dichos fallos y sus posibles consecuencias al aún no removido jefe institucional del Archivo General de la Nación, señor Díaz Chávez, y sus asesores; y también, tras recibir la invitación de ministro Fabricio Valencia Gibaja, el día 15 de enero, al viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, señor Jamer Chávez Anticona y los integrantes de la referida Unidad 008. En dicha reunión, los funcionarios no han podido objetar una sola de nuestras referidas Observaciones. Expuesta la alternativa técnica, se les ha ofrecido en donación parte importante del proyecto arquitectónico alternativo, enviado documentación útil a la viabilidad del mismo y el amplio y detallado informe de Observaciones y Alternativa técnicas, que ha sido recibido. Se espera una reunión sustantiva con el titular del sector Cultura y la señora presidente de la República. El Perú puede construir un edificio de archivo del siglo XXI que sea un referente en Iberoamérica, en el mismo tiempo de tres años y por el mismo presupuesto, siempre a cargo del Ministerio de Cultura.

Finalmente, el Equipo Técnico hace un llamado a los líderes políticos nacionales, para que se interesen en la atención y solución del grave problema de la falta de una sede central del Archivo General de la Nación y, en tal sentido, gestionen una reunión con el ministro de Cultura y la señora presidente de la República, considerando que se trata de un objetivo declarado de necesidad Nacional e interés público y social el año 2007 por el Congreso de la República. Conviene señalar que la Declaración Universal de los Archivos, adoptada por la UNESCO (2011), remarca el papel fundamental de los líderes de las naciones toda vez que los archivos conservan testimonios carácter único e irremplazable y contribuyen al buen gobierno y la forja de sociedades democráticas y libres.

Lima, 24 de febrero de 2025

Carlos Alfonso Villanueva Carbajal, DNI:10541887; Miriam Salas Olivari, DNI: 17829964; Jaime Negri Zegarra, DNI: 07021365; Hugo Laurente Eslava, DNI: 09883604