El viaje del ministro y la Agenda Digital de Salud

El viaje del ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, a los Estados Unidos de América –autorizado mediante la Resolución Suprema N.º 289-2026-PCM, del 6 de octubre de 2026– constituye una iniciativa de alta relevancia estratégica para el sector Salud y para el país. La resolución autoriza su desplazamiento a las ciudades de Miami, Santa Clara y Santa Bárbara, del 7 al 14 de octubre de 2026, con el propósito de sostener reuniones presenciales con altos directivos de instituciones tecnológicas de alcance global.

Los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos están cubiertos por el presupuesto del Ministerio de Salud. Ha quedado encargado de la cartera ministerial de Salud el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz. La Resolución detalla que las invitaciones fueron cursadas por SpaceX AI, Starlink, Google, la Embajada de los Estados Unidos de América y Direct Relief. Las reuniones con las tres primeras instituciones se llevarían a cabo en Miami (Florida) del 7 al 9 de octubre; con AMD, en Santa Clara el 12 de octubre; y con Direct Relief, en Santa Bárbara (ambas en California), el 13 de octubre.

El objetivo declarado de estos encuentros es la exploración de iniciativas vinculadas con inteligencia artificial, capacidad computacional, procesamiento avanzado de datos y tecnologías orientadas a incrementar la capacidad, eficiencia y productividad de las organizaciones. Además, se abordan la gestión hospitalaria, la interoperabilidad, el uso estratégico de datos, la inteligencia artificial y el desarrollo de servicios de salud digitales.

La Resolución Suprema sustenta la participación del ministro en la puesta en marcha de la Agenda Digital del Sector Salud hacia el 2030 (DS 005-2025-SA), cuyo propósito es orientar a las entidades públicas e instituciones privadas del sector hacia una transformación digital segura, destacando la interconexión de establecimientos de salud, la implementación de historias clínicas electrónicas y la telemedicina. La Resolución señala una finalidad distinta para Direct Relief, en coordinación con la Asociación Vida Perú, que ha enviado 130 donaciones de material médico al Perú por un valor superior a los 108 millones de dólares, y que la reunión busca comprometer posibles acuerdos futuros para nuevas donaciones. La Resolución también establece que el ministro debe presentar ante el titular de la entidad un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos dentro de los quince días calendario posteriores a su retorno.

La elección de Miami como sede principal de las reuniones con SpaceX AI, Starlink, Google y la Embajada de los Estados Unidos responde a una lógica operativa y estratégica que merece ser destacada. En primer lugar, el ministro Dyer posee una vinculación académica y personal con esa ciudad, habiendo cursado estudios de Negocios Internacionales en Barry University como becario Fulbright; por tanto, debe tener un conocimiento directo del entorno empresarial y diplomático de Miami. 

En segundo lugar, Miami se ha consolidado en los últimos años como un centro tecnológico y financiero de primer orden para América Latina, con presencia corporativa significativa de las empresas invitantes. La reunión con AMD en Santa Clara, California, sede corporativa de la compañía, complementa la gira al incluir su presencia en el corazón de Silicon Valley.

Como se puede apreciar, este viaje no constituye una reunión técnica ni una comisión de servicios integrada por especialistas del Minsa, sino una exploración política de alto nivel, en la que el ministro busca abrir canales de diálogo con actores globales para identificar oportunidades que luego deberán ser evaluadas técnicamente por los órganos de línea del Ministerio de Salud. Además, cualquier acuerdo que surja de estas reuniones requerirá el estudio técnico, legal y presupuestal de las áreas correspondientes.

Por otro lado, la exploración directa por parte del ministro ofrece ventajas, como acceder a interlocutores del más alto nivel, construir confianza política para acelerar procesos posteriores y resaltar la mirada estratégica del Minsa que se traduzca en mejores condiciones en las negociaciones. Sin embargo, y hay que advertirlo, en primer lugar, el ministro está en la obligación de mantener una separación clara entre la exploración política y la eventual contratación pública, abstenerse de comprometer recursos del Estado sin la evaluación técnica previa, y garantizar que cualquier acuerdo que se concrete pase por los procedimientos de selección que exige la normativa.

En esa línea, hay que precisar que la institución donante Direct Relief tiene un trato diferenciado frente a esta obligación, porque las normas que la rigen están relacionadas con la transparencia y los términos y condiciones de las donaciones, y no con la Ley General de Contrataciones del Estado.

En segundo lugar, las reuniones que motivaron el viaje y otras que pudieran ser inevitables están reguladas por la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que todas las actividades y disposiciones de las entidades de la Administración Pública están sometidas al principio de publicidad, y que los altos funcionarios de estas entidades están obligados a publicar las actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron. Asimismo, la Directiva 001-2022-PCM-SIP, aprobada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, establece los lineamientos para asegurar la integridad y transparencia en las gestiones de intereses y otras actividades mediante el Registro de Visitas en Línea y el Registro de Agendas Oficiales.

En otras palabras, el Minsa está obligado a mantener un registro de las agendas oficiales y a su publicación diaria antes de la primera hora de la jornada laboral, así como a registrar las reuniones con personas naturales o jurídicas vinculadas a la toma de decisiones sobre contrataciones, políticas públicas, autorizaciones o permisos. Si bien es cierto que el ministro utiliza las redes sociales, también es cierto que estas no sustituyen el registro detallado de la agenda diaria del viaje, con nombres, cargos y temas tratados.

En tercer lugar, en el ámbito de la inteligencia artificial y la informática aplicada a la salud, es imperativo que se incorporen principios éticos que garanticen el desarrollo tecnológico al servicio de las personas y no al revés. Hay que resguardar el principio de privacidad en la implementación de sistemas de inteligencia artificial, que se respete el ámbito reservado de los ciudadanos y que se evite la vigilancia masiva o el tratamiento de datos sensibles sin consentimiento. La protección de datos personales, consagrada en la Ley 29733, impone obligaciones estrictas sobre la recolección, el almacenamiento, el uso y la transferencia de información de salud, más aún cuando se trata de historias clínicas electrónicas o plataformas de telemedicina que pueden ser gestionadas por terceros.

Además, el principio ético de «primero no dañar» debe guiar cualquier implementación de algoritmos en el sector Salud. La ética en los algoritmos, la gobernanza de datos y la ciberseguridad son pilares indispensables para que la transformación digital no se convierta en una amenaza para los derechos fundamentales de la población, sobre todo luego de la firma por parte del Perú de la Declaración del Escudo de las Américas, que contiene disposiciones relevantes sobre inteligencia artificial e informática.

En cuarto lugar, el informe que el ministro presentará a su retorno debe ser público y detallado, con los compromisos alcanzados, los plazos estimados y las entidades responsables de su implementación. Para tal fin, el Minsa debería constituir un equipo técnico multidisciplinario, integrado por especialistas en tecnologías de la información, salud digital, contrataciones públicas y asesoría jurídica, para evaluar la viabilidad de los acuerdos explorados y conducir los procesos de selección que correspondan. También debería establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de los convenios que se deriven de este viaje, con indicadores medibles de impacto en la interoperabilidad, la telemedicina, la historia clínica electrónica y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La transformación digital del Sector Salud es una necesidad impostergable. Se dieron los primeros pasos desde mediados de 2024, en que se aprobaron los estándares, la Agenda Digital al 2030 y se inició el despliegue de la historia clínica electrónica, a pesar de la renuencia de los dos ministros que sucedieron a esa gestión y que son previos a la actual. Se requiere persistencia en el tiempo y articular esfuerzos al interior del sector público, con las academias y las empresas, con gobernanza clara y estable de datos, ciberseguridad y ética en los algoritmos bajo el principio «primero no hacer daño». ¡Transparencia, capacidades, regulaciones y ética!