Un solo frente contra el crimen

La inseguridad ciudadana se constituye en uno de los desafíos más urgentes a los que se enfrenta el Estado peruano. Las extorsiones, el sicariato y las organizaciones criminales han generado un escenario de preocupación que exige respuestas institucionales articuladas. Frente a esta problemática, la presidenta Keiko Fujimori anunció la creación del Comando Unificado, que estará integrado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Desde luego, esta iniciativa abre una nueva oportunidad para replantear las estrategias de seguridad pública.

La presente decisión, anunciada el 7 de octubre de 2026, contempla la participación de 1350 efectivos especializados y el  establecimiento de un centro de control, además de las operaciones en el Cuartel General del Ejército. Claramente su importancia radica en la posibilidad de integrar las capacidades operativas, inteligencia estratégica, así como de los recursos tecnológicos para enfrentar las organizaciones criminales que actúan.

Desde una perspectiva constitucional, se destaca el artículo 44 de la Constitución Política del Perú que establece los deberes fundamentales del Estado, como la protección de la población frente a las amenazas contra su seguridad. Bajo esta premisa, se destaca la creación de los mecanismos de cooperación interinstitucional, que se puede constituir en una medida legítima para fortalecer la protección de la ciudadanía. No obstante, su implementación debe respetar las competencias constitucionales de cada institución, sobre todo la responsabilidad de la Policía Nacional en el mantenimiento del orden interno.

Existe un valor estratégico del Comando Unificado donde reside en la posibilidad de fortalecer la inteligencia criminal. Además, las operaciones contra la extorsión no deberían limitarse a intervenciones policiales posteriores al delito, sino que además debe orientarse a identificar estructuras organizativas, tales como las redes de financiamiento, mecanisos de comunicación y los vinculos con las actividades ilícitas las mismas que son desarrolladas desde establecimientos penitenciarios.

Asimismo, resulta importante comprender que una política de seguridad efectiva necesita coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. La intervención operativa pierde eficacia cuando no se encuentra acompañada de investigaciones sólidas, preservación adecuada de evidencias y procesos penales capaces de determinar responsabilidades. Por consiguiente, la actuación conjunta de las instituciones debe traducirse en protocolos definidos, responsabilidades identificables y mecanismos de evaluación que permitan conocer sus resultados.

Se destaca que otro elemento fundamental será la transparencia. Claramente, la ciudadanía necesita información verificable sobre la evolución de las extorsiones, así como de las organizaciones criminales desarticuladas y efectividad de las investigaciones. Así pues, la creación de una nueva estructura operativa no garantiza por sí misma una disminución de delincuencia. La utilidad deberá demostrarse mediante indicadores públicos, como también de los controles institucionales y de los resultados sostenibles.

En mi opinión personal, respaldo la creación del Comando Unificado como una iniciativa que puede fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el crimen organizado. Considero que el Perú necesita superar las intervenciones dispersas y construir una estrategia permanente de cooperación entre sus instituciones de seguridad. Ciertamente, se saluda el despliegue conjunto a iniciativa de la Presidenta Keiko Fujimori, con la finalidad de luchar contra la criminalidad y la delincuencia. Es importante que la ciudadanía pueda desarrollar sus actividades cotidianas sin permanecer sometidos al temor de la violencia y la extorsión.