La cosa no es tan simple

 

Frente al deterioro persistente del orden público en el Perú, la presentación de la presidente Fujimori como líder del Comando Unificado Contra la Criminalidad y la Delincuencia (CUCCD) debería haber generado un consenso amplio. Sin embargo, no ha ocurrido así.

La razón es que el problema excede la superficie. Detrás operan intereses económicos y políticos que han prosperado en este entorno de crisis persistente. Bajo la vieja lógica de confrontación marxistoide, las contradicciones son alimentadas incluso cuando nos dañan o empobrecen. Decenas de caudillos y personajes con recetas opresoras y destructivas aparecen uno tras otro.

Conviene recordar que –sobre el daño institucional ya acumulado– los márgenes de acción del gobierno peruano hoy resultan mucho más reducidos de lo que suelen imaginar sus partidarios y detractores. Muchos de los factores que explican la situación no son coyunturales. Implican procesos acumulados durante décadas. Por ello, el pronóstico hoy es reservado. 

Las dificultades no nacen únicamente de las decisiones cotidianas, sino de tendencias consolidadas que han minimizado la capacidad de reacción del Estado. Nótese: la crisis actual ha sido construida mediante cinco ingredientes que se han reforzado mutuamente. Se ha seguido una receta que hay que abandonar.

 

Los ingredientes

Los gráficos esbozados aquí sugieren una secuencia acumulativa y paralela que alimenta baja y menor apertura económica, menor crecimiento, deterioro institucional avanzado, perforación y debilitamiento de reglas políticas. Y nada casualmente, una reducción de capacidades de las Fuerzas del Orden (FF.AA.). El resultado lógico ha implicado un cuadro complejo. Una combinación de exclusión, pobreza persistente, informalidad, inseguridad ciudadana y frustración social.

La primera figura sobre un desolado cuadro inversor –supuestamente distante del asunto– describe la evolución de la inversión extranjera y de la apertura comercial bajo niveles bajísimos y una meridiana pérdida de dinamismo.

La explicación de ello se asocia con el lugar común de la burocracia peruana post velasquista. Ella, en modos pasivos o abiertos, ha levantado barreras económicas e institucionales al comercio y a la inversión. Grosso modo, siguiendo una dinámica similar a la descrita por Prescott y Parente… sobre grupos e instituciones que dificultan actividades más productivas.

Una menor inversión ha estado asociada con menores acervos de capital, menor transferencia tecnológica, menos empleo formal y menos oportunidades productivas. un fenómeno profundizado –por retroalimentación– en los departamentos mediterráneos del país. 

Este constituye el aciago primer eslabón de la cadena. El segundo gráfico muestra que el fuerte crecimiento del PBI per cápita observado entre 2001 y 2015 fue seguido por una desaceleración sostenida y posteriormente por un estancamiento (que quiebra por completo una tendencia post años noventa).

Discretamente –en modo ignoto, diría– la acumulación de regulaciones, controles y medidas adversas al crecimiento –las anti-reformas de mercado– redujeron la capacidad de expansión de la economía. El Perú pasó así de atravesar una etapa de convergencia acelerada hacia otra de crecimiento insuficiente para sostener mejoras significativas en el bienestar. Sin crecimiento, en este entorno resultó cada vez más difícil financiar infraestructura, seguridad, servicios públicos e inclusión social. Nótese aquí como el desinflado macroeconómico se da en un ambiente de millones (cerca de media docena en algunas proyecciones) de jóvenes que no estudiaban, ni trabajaban realmente. Una bomba de tiempo social per se.

Pero no solamente se perdió el momento, se implementó –con un oficio y vocación ideológica transversal en Latinoamérica– un festín de corrupción e inefectividad burocrática. No era una buena idea que las reformas parciales de mercado resulten populares. Entramos pues, en medio de una retórica de superioridad moral muy progresista, dentro de una fase de prostitución institucional persistente.

En este tercer gráfico, los indicadores de control de la corrupción y efectividad gubernamental no solo revelan estancamiento o deterioro. Revelan scores extremos. Niveles socialmente destructivos de corrupción y efectividad estatal.

Pese al discurso favorable hacia una mayor intervención estatal, el aparato público no logró mejorar simultáneamente la calidad de gestión ni reducir la corrupción. El aumento de funciones estatales no estuvo acompañado por mejoras equivalentes en integridad institucional o capacidad administrativa. 

La consecuencia ha sido una expansión de la informalidad y de los costos de transacción, afectando tanto la inversión como el acceso de millones de personas a oportunidades económicas.

Pero la figura anterior no podría ser comprendida minuciosamente sin la que sigue. Los indicadores de estabilidad política y de voz y rendición de cuentas -además de su extremadamente bajo score- también muestran alto deterioro. No resultan casuales ni el desprecio gubernamental por los opositores ni la ideologización ulterior de la burocracia. 

En este ambiente, la inestabilidad política, la informalidad y los accesos desiguales a oportunidades han erosionado la cohesión social y debilitado los mecanismos de representación. Los excesos y quiebres constitucionales -y hasta sus interpretaciones dizque auténticas- brillaban por su supuesta popularidad… e impunidad.

En este contexto, la corrupción burocrática y la tolerancia a la ilegalidad se convierten en factores que alimentan exclusión, violencia e incertidumbre. Así, la ulterior pérdida de estabilidad reduce la previsibilidad necesaria para invertir y dificulta la construcción de consensos de largo plazo. Más de cinco administraciones consecutivas operaron discretamente en esta dirección. 

A modo de tenaza de cierre, el quinto gráfico muestra una reducción sostenida del gasto en las fuerzas armadas por habitante. 

Con ello –nada casualmente– debilitaron la capacidad estatal para enfrentar amenazas vinculadas al orden interno y la seguridad nacional. 

Este proceso ocurre simultáneamente con un cuadro de menor crecimiento económico, instituciones más débiles, mayor informalidad e inestabilidad política. Cerrando así el círculo de deterioro.

 

Corolario inevitable

Los cinco gráficos describen una secuencia política: menos apertura genera menos inversión; menos inversión reduce el crecimiento; el estancamiento convive con corrupción e ineficacia estatal; ambas a su vez erosionan la estabilidad política; y finalmente, la disminución de las capacidades de defensa y seguridad amplifica los costos económicos y sociales de todo el proceso. Convierte al abandono político del Orden Público -y su correlato psicológico, la inseguridad ciudadana- en el problema cotidiano número uno en el Perú actual.

Paradójicamente, el caos suele convertirse en la principal justificación para la aparición de supuestos salvadores políticos del mismo corte ideológico. 

La promesa de un idílico orden progresista-dictatorial (i.e.: el viejo socialismo mercantilista que daña al Perú desde que nació) termina entonces desplazando la discusión sobre las verdaderas causas del fenómeno. Bajo esta perspectiva, el problema central del Perú no es la escasez de recursos, sino la acumulación de barreras institucionales –regulatorias y políticas– que han limitado durante años la capacidad del país para sostener alto crecimiento. Mientras esta secuencia no sea comprendida y revertida, cualquier esfuerzo valioso como el CUCCD, chocará una y otra vez contra las mismas restricciones institucionales.

Los CUCCD son claves, pero para nada suficientes.

Pero, y aquí va el cierre optimista. Enfrentarla no es algo opcional. Nos jugamos la propia existencia.

* Blasfemia dizque imperdonable: aquí los vocablos “orden público”, “seguridad ciudadana” o “defensa nacional” implican, grosso modo, la misma competencia.