Vigilados y nerviosos

Morgan Quero, ministro de Educación, ensaya una frase interesante en Peru21: “Sí, ahí tenemos un reto como administración pública. Citando a los clásicos, como aquel texto de Basadre, a veces la administración pública es del grupo de los congelados. Sienten que cualquier firma es un riesgo y eso hace que los procesos burocráticos sean muy lentos. Tiene que ver con este nuevo escenario que vivimos: la era de la desconfianza. Y con la contrademocracia”. 

Pierre Rosanvallon fue quien acuñó el término, pero no en oposición a la democracia sino en cuanto a los vigías institucionales que impiden la discrecionalidad errátil y la corrupción y el propio quehacer administrativo. Es verdad que todo está sujeto a un mayor escrutinio y la tecnología espía colabora para que hasta lo íntimo se cuele para explotar lo público.

No es difícil imaginar el impacto de la “contrademocracia” en la toma de decisiones de los funcionarios que no saben siquiera cuáles son los pasos de una licitación. Sin asesores en contratación pública, sin nociones de lo público, contratar y ejecutar con proveedores de servicios y obras debe ser no solo una carga, sino también una temeridad, una que se vive especialmente a nivel de gobiernos locales. En las zonas alejadas, arriba en el Ande, allí donde abundan los caseríos, es posible que rija el patrimonialismo y que tener facultad de decidir sobre la caja sea un “acto privado y discrecional”. 

El patrimonialismo es el ejercicio del poder bajo una condición cultural. El que “manda” lo hace sobre bienes y funcionarios como si fueran de su propiedad. No dejan de ser prácticas corruptas, pero lo son por un efecto de normalización de viejo arraigo. Así como las empresas privadas cuentan con un oficial de cumplimiento o con la asesoría de algún estudio de abogados y adoptan el compliance para ahorrarse problemas a través de mecanismos de prevención del delito y cumplimiento de las normas, el funcionario está solo, no solo sometido a sus apetitos y tentaciones, sino también a la ignorancia del derecho y al garete de la deficiencia jurídica de sus asesores.

Desde luego, el análisis no borra la enorme corrupción que se vivió durante toda la república y aún ahora, y poco antes con Pedro Castillo y sus galifardos y paisanos dispuestos a saquear el Estado antes de juramentar. 

El análisis no va a lo visible, a la noticia, sino a lo que no vemos, que es la ausencia de oficiales de cumplimiento capaces de emitir alertas tempranas de riesgos y a la falta de vigías de las buenas prácticas en las jurisdicciones más críticas. Se prefiere oficiales de género y corrección lingüística en un Estado en el que firmar un papel oficial, entre los cientos que a diario se firman, hace de la función pública un oficio peligroso.

Bueno sería que más allá del control concurrente de la Contraloría, miremos con atención los déficits en saberes de gestión dentro de la administración pública.