Un nuevo Fonavi en la agenda del Congreso

Nunca antes había visto que cuando el Congreso decide crear (a través de una ley) un determinado sistema público, primero se cree la entidad administradora, sin que sepamos cual es el articulado que define las reglas de juego, los principios, el enfoque, las funciones y las modalidades de prestación del referido sistema. Algo así como poner la carreta delante de los caballos. Pero parece que una mayoría de parlamentarios de la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones quiere hacerlo, con la creación de una Superintendencia del Sistema de Pensiones del Perú. 

La heterodoxa propuesta de la comisión –que dirige la parlamentaria Carmen Omonte– no queda ahí, también pretende crear un sistema, cual arroz con mango o Frankenstein, que fusione los sistemas público y privado de pensiones, mutilando a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y a la ONP, creando una Superintendencia con un enfoque abiertamente estatista e intervencionista. La propuesta obliga a los aportes de una AFP privada a subsidiar la pensión mínima de quienes no logren tener una pensión adecuada en el subsistema estatal. Es decir, la intención, aparte de garantizar una pensión mínima en el sistema privado – lo cual parece acertado– es que cada cuenta de capitalización individual privada se afecte, a través de una comisión que iría a un fondo estatal, a fin de garantizar una pensión mínima de los pensionistas de lo que ahora conocemos como ONP. Doble aporte de cada afiliado en el sistema privado: una comisión por la administración de los fondos y otra como subsidio para aquellos pensionistas que no logran la valla de una pensión mínima, en lo que han llamado el “pilar solidario”. 

Si el Estado quiere promover que los peruanos seamos solidarios, lo tiene que hacer aumentando la capacidad de recaudación tributaria (lo que no significa crear más impuestos), disminuyendo los altos niveles de elusión o evasión tributaria, y erradicando gran parte de las 250 exoneraciones tributarias, a través de las cuales el fisco deja de percibir cerca de S/ 25,000 millones de ingresos cada año. Lo que no puede hacer es confiscar nuestros salarios para promover un subsidio en un fondo estatal que no ofrece ninguna garantía. El agravante de la propuesta que discute la referida Comisión es que la reforma sea retroactiva, para garantizar la intervención estatistas sobre los actuales fondos. 

Ya hemos visto en el pasado como se intentó crear un sistema similar, a través del cual se intentaba masificar la creación de las viviendas a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), creado en 1979, afectando cada planilla de los trabajadores, en el sector público y privado, con un descuento del 9% del total del salario, para ir a parar al referido fondo estatal. El Fonavi llegó a recaudar S/ 7,585 millones, pero ese cometido nunca se logró, porque los sucesivos gobiernos democráticos echaron mano de esos recursos para otros fines, y no para crear un mercado inmobiliario que llegue a los sectores populares. 

Ahora, con otros fines y modalidades, se pretende que la referida Superintendencia del Fondo de Pensiones, bajo dirección estatal, no solo maneje los fondos del sector público y privado, sino que también las propias inversiones en el mercado de capitales y de inversión privada en el extranjero sean dirigidas por un Estado ineficiente, clientelar y con altos niveles de corrupción. Una modalidad de abierta intervención estatista, a través de la cual nada garantiza, que los sucesivos gobiernos echen mano a esos recursos, tal como ocurrió no solo con el Fonavi, sino con el propio sistema previsional estatal en el pasado. 

La propuesta de reforma de la Comisión del Congreso, tiene varias cosas positivas; por ejemplo, crear la cuenta de capitalización individual en el subsistema estatal, ahora bajo la dirección de la ONP y la garantía de una pensión mínima en ambos sectores. Además intenta crear diversas modalidades de aporte de los futuros pensionistas, pero no acierta en reformar aquello que no funciona, tanto en el sistema actual privado de pensiones como en el estatal. 

La debilidad central del actual sistema privado de pensiones, radica en que funciona como un oligopolio, compuesto por solo cuatro entidades, lo cual impide una alta competencia y que se amplíe la oferta de servicios hacia los futuros pensionistas y baje las altas comisiones. Prueba de ello, es que no existe, desde ese sector ninguna propuesta integral de reforma porque quieren mantener el actual status quo, pese a 27 años de funcionamiento. El otro problema a resolver es legislar para hacer que la rentabilidad que obtienen las prestadoras de los fondos privados también sea proporcional a los ahorristas y que, cuando ocurren situaciones críticas como la actual, solo los futuros pensionistas vean disminuidas sus índices de capitalización, mientras que las entidades prestadoras siguen ganando igual, como en épocas de bonanza. La reforma debe apostar a disminuir las comisiones y bajar los altos costos que significa administrar el sistema privado. Pero, la referida comisión no avizora ninguna propuesta sobre estos temas críticos. 

Adicionalmente, las propuestas formuladas por la comisión del Congreso, tampoco ofrece medidas certeras y apropiadas para revertir aquella situación estructural que el sistema arrastra desde hace décadas, el cual hace que el 70% de la población en edad de trabajar no tenga acceso a un sistema de pensiones, por la alta formalidad de nuestra economía y la actividad laboral. 

La esencia de la propuesta de la Comisión del Congreso, es que pretende capturar la administración del fondo de pensiones privadas, lo cual, es totalmente equivocado. En ese caso, siempre los aportantes del fondo de pensiones de entidades privadas preferirán que se les devuelva su dinero, contante y sonante, porque nada garantiza que el Estado sea un buen administrador. Ya hemos observado, en el actual parlamento, como una mayoría, intentando congraciarse con un sector de pensionistas del sector público y privado, viene aprobando proyectos de ley, solo pensando en las futuras elecciones, mas no en consolidar un sistema reformado que garantice el propósito central de cualquier sistema de pensiones serio: que los peruanos de 65 años tengan una pensión digna en su momento.