Traduciendo a Pedro Castillo en el tema del gas

Muchos creen que los mensajes de Pedro Castillo sobre el gas natural (GN) son de avances y retrocesos. Se equivocan, su postura es la del ideario del partido que lo llevó al poder, Perú Libre, que era compartida por la agrupación Juntos por el Perú, que postuló a Verónika Mendoza (y en cuyo equipo participó el hoy titular de la cartera del Ministerio Economía y Finanzas, Pedro Francke). Lo que ocurre es que el mandatario no la entiende a cabalidad y sale a predicar lo que no conoce. 

El ideario de Perú Libre es claro en el tema, aunque tenga imprecisiones semánticas, plantea que el Estado sea propietario de los recursos naturales, el GN es uno de ellos. No postula expropiar a la empresa operadora, lo que se define como estatización; es más, señala que no desean estar inmersos en pago de indemnizaciones a inversionistas. Esta es la forma como diferencian nacionalización de estatización, que Pedro Castillo con su escaso vocabulario confunde cuando discursea en plazas públicas. Por eso es que, luego se autoprecisa con imprecisión, cuando dice que será respetuoso del capital privado. 

La idea que tienen los partidarios de la nacionalización es que el Estado, al ser propietario del GN –y habría que agregarle los líquidos de gas natural (LGN), de los cuales se obtiene el gas licuado de petróleo (GLP), los balones de 10 Kg que se venden a los hogares– puede disponer si se vende en el mercado local o se exporta, al precio que el gobierno de turno fije. Y que se le pague a la empresa que invirtió para extraerlo, por su servicio de operar la infraestructura, que, según la visión de los promotores de esta corriente, con eso también pueden recuperar lo invertido. 

En el entender de los defensores de la nacionalización, con ella la caja fiscal tendrá mayores recursos para la atención en educación y salud. Ignoran exprofesamente que es necesario reinvertir en exploración para ir reintegrando las reservas consumidas. En necesario indicar que los licenciatarios actuales de los lotes gasíferos: 88 (Camisea) y 56,  un consorcio de empresas de diversos países (Argentina, Estados Unidos, España, Corea y Argelia); así  como del 57, explotado por un consorcio español y estatal chino; tampoco lo está haciendo porque no tienen mayores exigencias en sus contratos de licencia de exploración-producción, lo que constituye una seria debilidad para la defensa de su posición. 

El objetivo gubernamental está definido: 1) Las empresas solo deben operar prestando servicios y se les pagará por ello. Con esto la renta del Estado se incrementará; 2) Se exigirán más regalías para la exportación del gas natural licuado (LNG), y el inversor Perú LNG, que tiene una deuda que supera los US$ 2,000 millones verá cómo honrar sus compromisos, a la vez que los acreedores tendrán que imaginarse la vía para recuperar sus colocaciones; 3) El gobierno venderá el GLP y el GN a muy bajo precio en el mercado local, sin que le interese tener recursos para reinvertir en exploración.

Para completar el cuadro, “masificarán el GN”; es decir tenderán redes en todo el país. Y como no le “cierran las cifras a los concesionarios”, serán fondos como el FISE y el tesoro público las fuentes de recursos para esta tarea. Inversión social le llaman. 

El camino está allanado para ahuyentar la inversión, para la demanda de las empresas contratistas ante el CIADI en Washington; mientras tanto, la opinión pública se llenará de las opiniones a favor y en contra. Como la demagogia siempre es bien acogida por el ciudadano, el gobierno tendrá terreno fértil para seguir avanzando en sus despropósitos. Compete hacer oposición no en defensa de las empresas, sino de la racionalidad económica.