Tories y Whigs

En la vida política contemporánea, dentro de cualquier forma de gobierno representativo, resulta prácticamente imposible concebir el funcionamiento del sistema sin organizaciones de partidos políticos. Sin embargo, su aparición es posterior al progresivo reconocimiento de los derechos en la tradición constitucional. En el caso británico, conviene precisar que esos derechos se manifestaron inicialmente como libertades parlamentarias y garantías frente al poder real —Petition of Right de 1628, Habeas Corpus Act de 1679, Bill of Rights de 1689— más que como derechos fundamentales en el sentido moderno y consagrados por las constituciones modernas.

En este escenario, el surgimiento de los partidos se atribuye a la consolidación de dos grandes facciones parlamentarias: tories y whigs. Los primeros defendían el orden social y político vigente, así como la lealtad a la Corona. Los segundos, en cambio, impulsaban reformas que buscaban ampliar la representación política y moderar el poder monárquico. Es importante recordar que no eran partidos en el sentido actual, sino coaliciones de intereses dentro de la Cámara de los Comunes y de los Lores, que solo gradualmente adquirieron organización estable y disciplina interna.

A lo largo del siglo XIX, estas facciones se transformaron en los partidos conservador y liberal, que dominaron la escena política británica durante décadas. Sin embargo, las profundas consecuencias económicas y sociales de la Revolución Industrial, sumadas a la presión de una clase obrera cada vez más organizada, debilitaron progresivamente la representación liberal. Este proceso abrió paso al Partido Laborista, que a inicios del siglo XX desplazó a los liberales como principal fuerza opositora frente a los conservadores.

La experiencia británica muestra cómo los partidos políticos se consolidaron como instrumentos de representación y articulación de intereses a escala nacional, contribuyendo a la estabilidad del parlamentarismo. Hoy en día, su vigencia depende de renovar ese vínculo de identificación entre los electores y políticos. En ello reside el desafío: que la competencia partidaria siga siendo un medio para implementar la democracia en un Estado Constitucional de Derecho.