Tocando la puerta equivocada

Perú atraviesa una grave crisis de seguridad ciudadana. Hoy, la vida de los peruanos está en riesgo a cada momento. Aunque esta problemática se ha vuelto más evidente recientemente, ya se manifestaba hace algunos años, especialmente cuando alcanzó Lima, de manera similar a lo ocurrido con el terrorismo décadas atrás. Hago esta comparación porque, al igual que entonces, el Estado, en los últimos gobiernos, no ha mostrado ni voluntad ni intención de enfrentar el crimen organizado. De hecho, a veces parece que la inacción frente a la criminalidad ha permitido que el gobierno continúe administrando el país sin la presión del escrutinio ciudadano, ocupados como estamos con las preocupaciones cotidianas.

A nuestros problemas históricos como la crisis económica, el desempleo y la precariedad del transporte público, se suma ahora una delincuencia desbordada que actúa con impunidad. Esto genera una sensación de vulnerabilidad y desesperanza en la población. Ante esta situación, varios sectores de la sociedad han levantado su voz exigiendo respuestas y acciones concretas. En las últimas semanas, hemos presenciado movilizaciones que, aunque legítimas, han ocasionado pérdidas económicas y un ambiente de mayor incertidumbre.

Sin embargo, aunque estas protestas son justas, se han dirigido hacia el objetivo equivocado. Pedir cambios al Congreso, que aunque es el encargado de legislar, no puede solucionar el problema si el Ejecutivo no implementa dichas leyes. La solución requiere una acción firme y decidida por parte del Ejecutivo, quien debe asumir su papel como principal actor en la lucha contra la criminalidad.

En lugar de concentrar nuestras demandas en la derogación de leyes, lo que realmente necesitamos es una reforma integral del sistema judicial. Esta reforma debe incluir la reestructuración de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el INPE, la Policía Nacional y la Junta Nacional de Justicia, ya que son estas instituciones las que forman el núcleo del combate contra el crimen.

Durante el régimen de Vizcarra, se nos intentó vender la idea de que la creación de la Junta Nacional de Justicia mejoraría el sistema judicial. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta medida no fue suficiente. También es necesario eliminar la figura de los jueces numerarios y supernumerarios, ya que, al ocupar estos cargos de manera temporal y sin la debida especialización, su labor resulta ineficaz.

Si realmente deseamos construir un sistema de justicia eficiente, el primer paso es eliminar estas figuras. El siguiente paso es establecer, en cada ciudad, de tres a cuatro observatorios de criminalidad, preferiblemente en universidades. Estos observatorios permitirían estudiar el fenómeno de la delincuencia desde un enfoque académico, brindando a los fiscales un análisis más completo y preciso para combatir el delito.

Estas ideas podrían formar parte de la reforma urgente que el país necesita. No debemos esperar a llegar a la situación de países como Ecuador o México, donde la delincuencia ha superado al Estado. En el caso de México, la criminalidad se ha vuelto un problema endémico.

Es tiempo de tocar la puerta correcta cuando exigimos seguridad al Estado. No debemos perder más tiempo apuntando al Congreso, cuando la solución requiere una intervención directa del poder Ejecutivo. Aún estamos a tiempo de detener esta crisis.