Tirándole dinero al problema

Como dos gotas de agua son los bloqueos ocurridos simultáneamente en Las Bambas, Apurímac, y en la región de Aracataca, Colombia, cuna de lo real maravilloso. Ambos son reclamos de pueblos indígenas por causas distintas, pero similares. En ambos el Estado se echa la mano al bolsillo por un monto gigantesco, buscando una salida. Sin embargo, solo hasta allí llegan los parecidos.

La diferencia es la estrategia para resolverlos, que difiere como el día de la noche. En Colombia, el presidente Duque firma un acuerdo, luego de 27 días de bloqueo, en el que el Estado invertirá US$ 256 millones en la zona. También el Estado peruano está comprando el resto de las tierras de la carretera de Las Bambas por US$ 100 millones y metiendo otros US$ 455 millones en asfaltarla, dentro de un plan total de US$ 788 millones, según informan las agencias de prensa al mundo.

La diferencia no está en el monto. Está en que mientras Colombia va a invertir ese dinero en salud y educación, el Estado peruano no lo va a invertir, va a gastar US$ 100 millones entregándolos a la familias comuneras y personas individuales, a pesar de lo ocurrido siete años atrás con el dinero entregado antes, en sumas nunca vistas. No fue canalizado por los beneficiarios a la inversión en sus tierras y en agua, sino al consumo. Hasta que, naturalmente, agotado el dinero y recaídos en la pobreza, los comuneros —millonarios de la noche a la mañana— volvieron a extender la mano por más dinero.

Sin orientación a las familias comuneras respecto de cómo o dónde invertir, ¿qué otra cosa podía ocurrir? Son ellos los únicos responsables del despropósito? Claro que no. En su abrumadora ignorancia, el Estado no previó que no podía suceder cosa distinta. Y lo más descorazonador es que hoy, con este nuevo dinero, eso está a punto de repetirse. Mientras Colombia, en sus narices, invertirá el dinero en salud y educación. Nunca se resuelve un problema echándole dinero.

En 1998 pregunté una vez al presidente Alberto Fujimori por qué en la Constitución de 1993 no se había abierto el acceso de la tierra comunal al mercado libre. Su respuesta fue que eso habría condenado a las comunidades andinas y amazónicas a la desaparición, por la venta masiva de sus tierras a vil precio. Antes de abrirlas al mercado, dijo, hay que poner en valor esas tierras, las punas de todo el Perú, en manos de las comunidades. Bastante más de dos millones de hectáreas desde Puno hasta Cajamarca.

“¿Ponerlas en valor cómo?”, pregunté yo. Su respuesta: “Sembrando agua y bosque en ellas para fundar una industria maderera y otra textil, y ganadera de vicuñas y alpacas, y una tercera de turismo arqueológico. Luego podrán abrirse las tierras al mercado sin temor”, respondió.

Retener el agua de las lluvias en la altura, en efecto, frenaría los huaicos y pondría, además, 10,000 millones de metros cúbicos —un lago Titicaca entero— dentro de la Cordillera de los Andes para regar desde las punas hasta los desiertos, combatir los efectos del cambio climático y cambiar para siempre la geografía del Perú.

Eso es lo que debió hacerse. Es lo que todavía debe hacerse en Las Bambas por una ínfima parte de lo que costaría asfaltar la carretera, y en toda la Sierra de los países andinos. Es en lo que este Gobierno debería invertir esos cientos de millones de dólares que se prepara a echarle al problema sin resolverlo.