Terrorismo y corrupción

La proliferación de filtraciones ilegales de instrumentos “reservados” de la policía o la Fiscalía, ademas de poner en entredicho la seriedad del aparato de seguridad y el sistema jurisdiccional, hacen evidente una debilidad institucional que el Congreso debiera corregir con celeridad. Para detener el avance del crimen, incluido el terrorismo, necesitamos una ley que dé pautas claras y que establezca responsabilidades definidas y una escala de sanciones (incluidas las penales). En suma, una norma con rango de ley que obligue a otorgar un grado de clasificación a toda información que procese u obtenga un ente público. Y que establezca un criterio claro de otorgamiento y mantenimiento del clearance, o niveles de autorización de acceso a tal información.

Hoy existe solo una clasificación absolutamente subjetiva, casi esotérica, que data de los años setenta, aplicada solo en el mundo castrense y de manera cada vez más laxa. Si no fuese por los riesgos que acarrea, sería cómica la creencia extendida entre funcionarios (con y sin uniforme, por igual) en que una persona por su sola elección, designación o nombramiento, es ungida con la fiabilidad, discreción y conocimiento necesarios para el manejo adecuado de la información delicada.

Cuando un juez, un fiscal, un policía, un militar, un diplomático u otro funcionario brinda información clasificada a un tercero, fuera del proceso regular y por la razón que sea, genera un riesgo de seguridad del que a menudo no es consciente. Una vez que la información es extraída del proceso regular y entregada a un tercero no hay forma de que el infidente controle el acceso a esa información, por lo que puede llegar a manos del narcotráfico, a sus aliados en el terrorismo (nacional e internacional) o cualquier otra de las formas de crimen organizado. Como comentaba un diplomático vecino, en el Perú no es necesario espiar, los propios responsables sueltan generosamente, como chisme, lo que en una organización estatal normal contemporánea llevaría a la cárcel al infidente, incluso de por vida.

Supongamos que un militar, juez, fiscal o policía, decide filtrar cierta información a un periodista, pariente, amigo, correligionario u empresario, gratuitamente (incluso con buena intención) o a cambio de una dádiva, favor o contraprestación. ¿Como sabe el que esta no irá a parar directa o indirectamente a manos peligrosas, incluidas las de bandas terrorista?

Las cada vez más evidentes pruebas de alianza o interacción frecuente entre el crimen organizado y las distintas organizaciones terroristas —con ámbito de operación nacional, hemisférico o mundial— le dan el carácter de urgencia impostergable al establecimiento de una normativa estricta para el manejo de la información clasificada. No vamos a ganar en el VRAEM y sus áreas de influencia si no construimos herramientas legales acordes a la amenaza contemporánea.

De qué sirve que valientes soldados y policías arriesguen la vida en las calles, los cerros y la jungla si en la retaguardia un colega, un fiscal o un juez maneja la información de inteligencia como chisme caliente en té de tías. O dejamos las bravatas para la cazuela y nos ponemos al día con las características de los riesgos y amenazas contemporáneas reales o nos veremos forzados a pagar de nuevo un alto costo en vidas, infraestructura, institucionalidad, tranquilidad y dinero.