Sostener a las autoridades legítimas es deber de todos

El día martes 10 de enero último –y en un clima de creciente espiral de violencia, aumento nefasto de pérdida de vidas humanas que no terminamos de lamentar profundamente y de destrozos producto de la desquiciada conducta de una minoría que se deja arrastrar por la locura de unos pocos– el primer gabinete de Dina Boluarte obtuvo, casi contra todo pronóstico, el voto de confianza, también llamado voto de investidura. Con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones el gabinete que preside Alberto Otárola logró, luego de una articulada exposición, convencer a la mayoría de parlamentarios. En su presentación rindió justo homenaje a los miembros de la policía caídos en actos de heroísmo y emplazó a la nación a que se tenga fe en la acción de la autoridad. Y con bastante manejo de la situación enrrostró a no pocos parlamentarios, cómodos en su tibia izquierda, a tomar posición responsable por el Perú en vez de jugar a ser tibios “rabanitos”, como se decía en mis tiempos universitarios, pues son rojos solo por fuera pero muy pálidos y sin sustento por dentro.

No obstante, esa aprobación del gabinete no significó, para nada una tregua en la violencia que se vive en el país. Quizá ese aval le permite ya, a la presidenta Dina Boluarte dejar, de alguna manera las medias tintas y las conductas tibias. Que no se le perciba como que le tiembla la mano para actuar con el rigor requerido dentro de la ley y, sobre todo, que no se deje vencer por las amenazas de quienes quieren quebrarle la conciencia y arrebatarle la tranquilidad futura. Porque somos muchísimos más los millones de peruanos que la respaldamos y estamos dispuestos a respaldarla. Más bien, debería tener terror ante las consecuencias de la inacción, lo demás, son arrebatos de los interesados en el caos y en hacer de ella un títere del horror.

Lo cierto es que los cientos de policías heridos y el ejemplo heróico del suboficial PNP José Luis Soncco, quien sufrió el ataque de unos 80 manifestantes que –en un acto demencial, inhumano, animal– le rociaron combustible cuando estaba vivo, ha sido el detonante para que se tome plena conciencia de que a esa población enervada no se le puede enfrentar con “varas de goma” porque hay que hacerlo con la fuerza de la ley y de las armas.

No se trata solo de rendir honores al caído, de extender las condolencias a la familia; esos son actos públicos de un momento pues el dolor queda y la pérdida es irreparable para los familiares, la Institución y toda la sociedad, porque vemos cómo se va denigrando la condición humana de quienes creen que el derecho a manifestarse, implica derecho a los extremos, a atacar y destruir a, violentar, matar y asesinar con impunidad absoluta. Han llegado al extremo de atacar a ambulancias e impedir que enfermos lleguen a centros de salud y que un recién nacido fallezca por no poder llegar oportunamente a un centro de salud. Esa insanía no puede continuar.

Resulta, por si no se han percatado esos peruanos agresores, que se están dejando engañar por unos pocos, quizá extranjeros, que les venden sueños de opio, promesas falsas y los usan de carne de cañón. Se han olvidado que los policías a los que agreden, son también peruanos como ellos, pero que están del lado de la ley, del lado de la justicia y que tienen, además, la vocación de servicio y la obligación de defender a los ciudadanos y su integridad y defienden y sirven tanto a los justos como a los que no lo son pues no discriminan en el servicio que prestan y cuando se defienden, lo hacen en cumplimiento de su deber.

Fomentar el odio hacia la Policía y las Fuerzas Armadas no es ni será nunca la única estrategia de los extremistas y los desadaptados que buscan quebrar el orden del Estado. Pero debemos recordar que esas instituciones son pilares fundamentales de nuestra vida republicana y fundacional por lo que les debemos respeto y estamos en la obligación de respaldarlas. Esas voces disociadoras creen que estableciendo el caos, ¿serán ellos capaces de imponer el orden? ¿Será que piensan que la solución de la presidenta Boluarte es, de alguna manera, una mínima solución, cuando son ellos el problema? Ello, que no es ahora una posibilidad viable, generaría más inestabilidad.

Por ello es el momento de que el poder legalmente, establecido y de acuerdo a la Constitución, como he señalado, imponga las medidas con que cuenta de acuerdo a la ley pues tiene la obligación de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos y cuidar también las fuentes de riqueza naturales del país, los lugares de trabajo, las industrias y la propiedad de todos nosotros. Los bienes que se destruye no perjudican solamente a los dueños, causan grave perjuicios a una cadena casi interminable de personas asociadas y causan dolor, frustración y, en el caso de bienes públicos y de vinculación turística, el daños se multiplica exponencialmente sin que podamos, por ahora, medir las consecuencias.

Del mismo modo, la Fiscalía de la Nación que en los últimos tiempos ha dado muestras de energía, rectitud y patriotismo en el cumplimiento de su deber está en la obligación de iniciar los procesos que corresponda, sin miramiento alguno contra quienes resulten directa e indirectamente responsables pues bloquear carreteras, destruir bienes públicos, atacar a las fuerzas del orden son delitos que se agravan si a ello se suma el uso de la violencia y se ha causado heridos y muerte de personas civiles y más aún, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Son responsables de acción directa quienes cometen los actos, quienes los permiten, quienes los apañan y quienes los ocultan. Es decir que el pecado de acción, omisión o encubrimiento puede ser igualmente grave.

Quizá necesitamos otras Operaciones Patriotas como la que tan exitosamente se llevó a cabo en el VRAEM. Nuestras Fuerzas Armadas, trabajando entre ellas en conjunto están más que dispuestas y preparadas pues a este enemigo llamado subversión y terrorismo, ya no tan oculto ni carente de ayuda exterior, hay que exterminarlo como se hizo hace unas décadas.

Lo cierto es que el futuro del país se juega ahora en la cancha de la respuesta de la decisión política, en la firmeza y decisión del Poder Ejecutivo y en la resistencia de la ciudadanía que, en este momento y por más difícil que parezca, no puede dejar de confiar en sus autoridades legítimas. Nos toca sostenerlas porque avalar la desquiciada pretensión de una vacancia, una renuncia solo nos llevaría a una guerra civil, es por ello que si bien se le pide a la máxima autoridad de la Nación que actúe con celeridad y firmeza, es también importante tomar el peso de la valentía de las palabras que pronunció Dina Boluarte en su mensaje el día 13 de enero en el que, no sólo pidió disculpas y manifestó empatía con el sector de la población afectada por la insanía de pocos, sino que expresó firmeza respecto a su responsabilidad en el cargo.

El Perú sabe de luchas, sabe de problemas y se sabe capaz de superarlos.