Soldados y policías son también feligreses

Un reciente comunicado del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), que preside Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, quien también fue presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), ha criticado duramente la Ley N° 32107 que, en buen romance, ratifica y confirma que dispositivos supranacionales relacionados con los delitos de lesa humanidad e imprescriptibilidad de gravísimas afectaciones a los Derechos Humanos no pueden aplicarse en nuestra patria retroactivamente.

Señala el comunicado que la aprobación de la ley mencionada ha creado “desconcierto y decepción … porque se está sacrificando el respeto a la vida y a la defensa de la justicia”, agregando que “… debilita el Estado de derecho”. Sería conveniente que el Consejo Permanente de la CEP tenga presente que una gran mayoría de civiles, específicamente los que sufrieron en las épocas del terrorismo, eran cristianos pertenecientes a la Iglesia Católica, y que también lo eran los soldados y policías, de todos los rangos, desde el más humilde hasta el más alto. 

Muchos de los militares y policías a los que hacemos referencia, fueron salvajemente asesinados o gravemente heridos por la acción terrorista de miembros de Sendero Luminoso, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de algunos otros de menor presencia. Las viudas, huérfanos y familiares de tantos militares y policías que murieron por la acción terrorista, siguen sufriendo y probablemente son feligreses de la Iglesia Católica. Lo antes expuesto lo sabe muy bien Monseñor Cabrejos, pues fue –entre 1996 y 1999– obispo castrense; o sea, estuvo  a cargo de la vida espiritual de nuestros policías y soldados, y en la época durísima de la insanía terrorista.

La Ley criticada por el Consejo Permanente de la CEP no debilita el Estado de Derecho; más bien lo reafirma, ya que nuestra Constitución, con claridad meridiana e irrebatible, determina que la normatividad legal se aplica a actos u omisiones que se produzcan después de su aprobación, promulgación y publicación y, que no tienen fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando ella favorece al imputado, esto es lo que se llama la “retroactividad benigna”.

Pero no solamente la irretroactividad de las normas está prevista en la actual Constitución de 1993, que nos rige desde hace algo más de 30 años, sino también en las anteriores, o sea lo que se denomina “Constitución histórica”, debiendo agregarse que la irretroactividad de las normas es uno de los preceptos que la doctrina jurídica tiene establecidos desde tiempo inmemorial.

Si no lo saben o no lo recuerdan los miembros del episcopado peruano, en el Derecho Canónico también está prevista la irretroactividad de las normas, recomendándoles a quienes forman parte del Consejo Permanente de la CEP, releer los cánones 7 y 9  del Código de Derecho Canónico y sino lo tienen a la mano determinan que “La ley queda establecida cuando se promulga” y “Las leyes son para los hechos futuros, no para los pasados …”.

Adicionalmente, cuando el Perú incorporó a la legislación nacional los tratados internacionales a los que alude la CEP, lo hizo con reservas, puntualizando que su vigencia era a futuro y no para el pasado. Ello en resguardo de lo que sí es “Estado de Derecho”, que no lo es el irrespeto a las normas como intenta la CEP.

Recordemos que la función constitucional de nuestras fuerzas policiales, con ayuda y colaboración de las fuerzas militares, es preservar el orden público y recuperarlo en caso fuese dañado. No olvidemos que hay policías y militares que después de lustros o décadas, siguen procesados en juicios interminables, y a muchos aplicándoseles retroactiva e indebidamente normas provenientes de tratados internacionales. Ellos también reclaman justicia y no deberían ser abandonados por sus pastores en fe.

Sería conveniente que nuestras autoridades religiosas católicas, mediten sobre las razones por las cuales otras iglesias cristianas crecen con desmedro de la hasta hoy mayoritaria.