Reforma política: las cosas serias se revisan con calma

 

En su poco patriótico afán por recuperar popularidad, el presidente Vizcarra y la prensa ¨impuestófaga¨ reclaman una aprobación inmediata y sin análisis de algo tan serio como la reforma política. Si el Congreso cede a esa presión, estaría abdicando irresponsablemente de legislar con coherencia, función principal que le encargamos con nuestros votos.

Pero más allá de lo conceptual, un análisis detallado de la reforma (mucho más extenso de lo que el espacio de este artículo permite desplegar) evidencia una combinación de apresuramiento intelectual con intenciones de cambiar las reglas de juego electoral en el largo plazo. Esto último en beneficio de los grupos de izquierda que preñaron el vientre de Troya del pepekausismo y se adueñaron temporalmente del poder, en contra del voto masivo contra ellos y sus postulados.

Para empezar, se propone eliminar la vacancia presidencial, junto con una valla más alta para la insistencia en proyectos de leyes. También se encadena a todo un gabinete a las consecuencias de algún desatino ministerial, para hacer así más viable el cierre del Congreso. Es decir, la izquierda, que siempre se opuso al fortalecimiento presidencial, ahora lo busca copiando el éxito estratégico (sin importar el desastre económico y social que ha aparejado) del chavismo, esperanzada en estar mejor posicionada en las próximas elecciones.

Postergar las elecciones congresales para la segunda vuelta generaría un bipartidismo difícil de romper, el cual es reforzado por los requisitos para los partidos políticos y la expansión obligatoria de la cobertura nacional de estos.

La regulación de los recursos de campaña entregaría S/ 98 millones de nuestros impuestos a los partidos que alcancen presencia en el Congreso. La prohibición de financiación privada de radio y televisión es evidentemente anacrónica en tiempos de Internet, que hace más fácil esconder el monto de los aportes. Al no establecer límites al endeudamiento de los partidos, permite muy bien camuflar aportes.

Resulta escandalosamente entreguista que no se permita aportes de personas jurídicas nacionales, pero si extranjeras; y bastante infantil la intención de repetir el método PUCP-IDL, de remunerar aparatos políticos como investigadores o profesores a tiempo completo. Esto permitiría además disfrazar como seminarios y cursos los gastos de viaje en campañas.

Olvidando el fenómeno de los ¨frentes de defensa¨, parido por el actual sistema, al extenderse cinco años la duración de los gobiernos regionales y municipales, y eliminar la segunda vuelta, tendríamos gobernadores y alcaldes políticamente más frágiles aún que los actuales. Lo que no se resolvería con la imposición de facto de los 40% de los consejeros al gobernador ganador; eso es dar la espalda al voto ciudadano

Es grave pretender imponer un 15% de candidatos indígenas, donde exista un grupo que sea conocido como tal. Así, por ejemplo, la microscópica población shipiba de Lima tendría derecho al 15% de los lugares en una población de varios millones de habitantes. Además no queda claro quién declara a quienes indígenas, lo que otorga un poder de manipulación inaceptable.

EL JNE actual podría definir a su antojo las circunscripciones (figura nueva, distinta de los departamentos, provincias o regiones) y a cuantos curules tendrá derecho cada una. No hay que ser brillante para darse cuenta de la intención de fortalecer la representatividad de las zonas menos pobladas, en las cuales la ideología marxista tenga más simpatizantes.

Pero más grave aún es pretender limitar a cinco el número de representantes por circunscripción. Así Lima Metropolitana, la zona con mayor número de votantes del país, solo tendría derecho a cinco. Cierto es que al abordar la materia hay una contradicción en el texto, fruto del apresuramiento y poco empeño intelectual al intercalar textos con el abortado proyecto original, que contemplaba un Senado.

Se intenta imponer una paridad forzosa de género no solo en las listas, sino al interior de la organización de los partidos; un atropello a la igualdad ante la ley y al derecho ciudadano. Se inventa una circunscripción electoral indígena, atropellando con conceptos raciales la igualdad ante la ley y el sentido unitario de la República, estableciendo categorías. Y se pretende que se realicen elecciones primarias abiertas obligatorias, lo que adelanta el calendario electoral.

Desaparece la presunción de inocencia, al forzar la publicación de procesos en curso e impedir postular a quienes hayan sido condenados en primera instancia, aún cuando una instancia superior loe exonere. Justo cuando la zurda ha tomado por asalto el MP y PJ, pretendiendo que este último, invada competencias de otro poder y decida sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Conocedores de los principios morales del pueblo peruano, se pretende censurar a las organizaciones religiosas, impidiéndoles hacer campañas a favor o en contra de una candidatura. Una prohibición que no alcanza a las ONG.

Después de leer esto, ¿habrá algún peruano inteligente y bien intencionado que insista en aprobar el texto sin estudiarlo?