Propuestas para la reforma de la justica en el Perú

Las propuestas basadas exclusivamente en el deseo egoísta de construir una imagen política son incompatibles con el legítimo reclamo ciudadano de mejorar las condiciones generadas por los tres poderes que constituyen el Gobierno de un país democrático. Recurrir a esas propuestas,en lugar de afrontar con razonamiento patriótico lo segundo, describe las prioridades de un político. Como reconocen ilustrados tirios y troyanos, las propuestas presidenciales no apuntan a solucionar nada distinto de la fragilidad de su propia imagen, siguiendo los consejos de sus flamantes consejeros.

La justificada indignación ciudadana por la evidencia gráfica de la sempiterna corrupción que infesta el sistema judicial peruano llamaba a un planteamiento serio e imposible de producirse en doce días, por capaces u honorables que sean los encargados. El problema es evidentemente de fondo, la vulnerabilidad ante las presiones que evidencia el actual sistema de elección, control y sanción de magistrados.

El primer obstáculo con el que se ha de topar una reforma seria y eficaz del Poder Judicial será la imprescindible renuncia a la capacidad de ejercer poder en la administración de justicia por parte de los políticos, los dueños de medios y la cofradía de ONG financiadas por billeteras personales (que acaban pesando más que la autodenominada ¨sociedad civil¨), que acaban remplazando la voluntad popular ya expresada a través del voto ciudadano. Esa renuncia debe ser una exigencia ciudadana al momento que el Congreso asuma el reto histórico de reformar ese capítulo de la Constitución.

En el mundo existen tres grandes sistemas para afrontar este tema. El primero, eminentemente político, vigente con éxito sostenido en los EE.UU. y aplicado con pobres resultados en el Perú hasta la Constitución de 1979 inclusive, consiste en la propuesta por el Presidente y la ratificación por el Congreso. Ya lo probamos, y como no funcionó para desterrar favoritismos y corruptelas se optó por el segundo, vigente hasta hoy: el método corporativista, ideado por Benito Mussolinni y aplicado por Francisco Franco y varios dictadores marxistas y fascistas. Huelga decir que no ha dado resultado.

El tercero es el sistema español (de origen francés) que privilegia la meritocracia y la carrera especializada. Coincido con quienes sostienen que un sistema como el que a continuación describo tiene mejores probabilidades de resultar más justo y menos permeable al compadrazgo y la corrupción que hoy nos indignan.

La norma para el acceso y progreso en la carrera judicial debiera ser que tras acreditar cierto tiempo de ejercicio y un grado académico (bachiller, máster o doctor) otorgado por una universidad de fundado prestigio (urge un ranking de facultades no ideologizado ni politizado, tal como existen en los EE. UU. y buena parte de Europa) y postulación mediante examen de conocimientos con balotario público (así no habrá favoritismos) para el primer escalón de la carrera, a nivel de secretario de juzgado o juez de paz. Huelga decir que será necesario un sueldo atractivo, cercano al equivalente en el mercado privado para cada nivel de responsabilidad.

La progresión en la carrera, hasta la Corte Suprema (que debiera constar de una sola sala, dedicada a un listado corto de materias procedimentales y de puro derecho) debiera seguir un cronograma de oposiciones (exámenes en los que varios compiten por una plaza) basadas en exigencias de grados académicos que acrediten especialización solvente para la plaza (de necesaria especialización) a la que se postula.

Una vez nombrado un juez, su permanencia y evolución en la carrera no debiera ser vulnerable al poder político, mediático o económico. Solo debería ser separado de la carrera por la OCMA si delinque o comete un acto moralmente reñido con un código taxativo de comportamiento funcional.

El presidente Vizcarra perdió su oportunidad de pasar a la historia en la materia. Espero que no la pierda también el Congreso.