Problemas económicos trascienden al Congreso

Mucho revuelo ha generado en la prensa económica, la decisión de la calificadora Fitch & Rating (F&R) de bajar la perspectiva de la economía peruana de “estable” a “negativa”, que es una alerta que señala que podemos encaminarnos a una declasificación en el riesgo país. Las críticas se han enfilado hacia el Congreso de la República y las leyes que tienen impacto fiscal: la devolución de aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el paso de los trabajadores del régimen del Contrato Administrativo de Servicio (CAS) a los regímenes 276 y 728 (que tienen mayores derechos laborales) y el pago por parte del Estado de las obligaciones que han sido sentenciadas en su contra en procesos judiciales. 

Según el Consejo Fiscal; la devolución de la ONP, tiene un costo de S/ 15,956 millones; el cambio del régimen CAS implica S/ 2,000 millones, y el pago de causas sentenciadas asciende a S/ 12,472 millones. La suma de todos estos conceptos totaliza S/ 30,428 millones (4.4% del PBI). Un mMonto equivalente al Programa Reactiva I que, como es conocido, no ha salido de la caja fiscal, sino que ha sido una emisión del Banco Central de Reserva (BCR), esterilizada por un compromiso de devolución de los tomadores de crédito, con aval del Tesoro Público. Hago la comparación para que se tenga idea de las magnitudes: 

La única forma de cubrir todos estos requerimientos es con endeudamiento, el cual ya se ha elevado a cifras alarmantes: de 26.8% del PBI de diciembre del 2019, se ha llevado a 35.4% del PBI en el 2020. Y el próximo año se incrementará a 38%, para equilibrar el Presupuesto General de la República; responsabilidad de la gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de María Antonieta Alva, que hoy extiende su dedo acusador al Congreso por la decisión de Fitch & Rating

La amnesia ha afectado rápida y tempranamente a la joven exministra. Olvida que en junio de este año, en su gestión, la deuda soberana peruana fue declasificada por la misma F&R, que la pasó de A- a BBB+. Pero no solo eso, también que el sistema bancario peruano fue cambiado de perspectiva “estable” a “negativa” no solo por F&R, que lo hizo en abril pasado, sino también por Standard & Poor´s, que lo determinó en julio, sumándose Moody´s en septiembre. 

Queda claro que hay varias vertientes por las que la economía peruana está siendo auscultada acuciosamente. Las cifras macro del Estado para el 2020 han dejado mucho que desear en la gestión de la hoy crítica ex ministra. La caída del PBI en 12%, el déficit fiscal de 10.7%, el desempleo de 15.1% en Lima Metropolitana, el crecimiento del endeudamiento en 11.2 puntos porcentuales y una caída del flujo de inversiones en 82.5%: de S/ 8,892 millones del 2019 a S/ 1,552 millones (junio 2020).

El destino de la economía deteriorada y de las finanzas del endeudamiento por el facilismo, deberá ser enmendado por el nuevo titular del MEF, Waldo Mendoza, quien ha iniciado su gestión con una buena respuesta de los mercados financieros. Ante una emisión por US$ 4,000 millones, a fines de noviembre pasado, la demanda fue de 3.75 la oferta; señal de que a pesar de todo lo acaecido todavía hay credibilidad en nuestro futuro.

Para la recuperación, el gobierno tiene que bregar en el terreno político para que las mineras aprovechen la recuperación de los precios del cobre y oro. Mientras que en el terreno judicial deberá litigar para evitar incrementos presupuestales que impliquen más deuda.