Premio consuelo

La decisión del Congreso de devolver su fondo a los aportantes de la ONP va a costar entre S/ 13,000 millones y S/ 15,000 millones. Eso es impagable. Como de la ONP sale todo lo que entra, ya que cancela las pensiones con lo que ingresa (y tampoco le alcanza), lo que manda el Congreso lo van a pagar los contribuyentes. Lo financiará el Tesoro aumentando la deuda. Endeudarse es traer al presente un valor que existirá en el futuro. Pero el Congreso quiere obligar a los peruanos a gastar hoy lo que no existirá mañana. Lo legítimo es resistir a la demagogia y ponerle cabe al populismo.

El Ejecutivo va a observar la ley, como ha adelantado. Pero el Congreso va a insistir y la ley va a ser promulgada. Los peruanos aún no asimilan este hecho: solo en el Perú, y en ninguna otra parte del mundo, el Congreso prevalece siempre sobre el Ejecutivo porque constitucionalmente está facultado a insistir en una ley observada con solo la mitad de los votos de la única cámara.

Esta será una ocasión más en que los peruanos comprobarán por qué la nuestra es una democracia de baja gobernabilidad: el equilibrio de poderes no existe en nuestra arquitectura constitucional, que tiene una falla de origen. No ha existido nunca equilibrio de poderes en dos siglos de República. Desde el Virreinato lo que hay es el socorrido recurso informal de que la ley se acata, no se cumple. Las cosas no se resuelven, se parchan. La enfermedad no se cura, se alivia. Porque el soberano no sabe lo que manda, o lo olvida.

Veamos. El Ejecutivo tiene quince días para observar la ley. El Congreso insistirá, pero tendrá que levantar todas y cada una de las observaciones del Ejecutivo, que serán decenas. Y eso tomará tiempo. Luego, la ONP tendrá plazo para organizar las solicitudes, treinta días para pagar la primera mitad del retiro y otros noventa para la segunda mitad. Se irán seis meses en esto. Pero todo quedará suspendido: para entonces el Ejecutivo habrá presentando una demanda ante el Tribunal Constitucional porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y esta ley, en efecto, será inconstitucional.

Mientras tanto habrán tenido lugar las elecciones y este Congreso demagógico habrá dejado de existir. Vendrá otro igualmente demagógico, al que el Gobierno entrante pedirá facultades delegadas para legislar sobre toda la eternamente esperada reforma del sistema previsional. Es que el Congreso nunca ha entendido la astuta disposición constitucional –invento de Benavides, que Belaunde reclamaba– de permitir al Ejecutivo compensar en parte el desequilibrio de poderes permanente con una pasajera delegación de facultades. 

Salir del paso es el premio consuelo.