Precariedad energética en el Perú

Con el debate sobre los grandes temas nacionales en estado catatónico, la agenda está copada por la política judicializada, sin reparar que en muchos aspectos sobrevivimos en una precariedad peligrosísima. Uno de ellos es la garantía del abastecimiento de energía, que en el argot del sector se denomina “seguridad energética”.

Sobre la energía hay dos ámbitos que ameritan previsión, que no están ni por asomo en la preocupación de la clase política, y que ni siquiera los agentes económicos los están percibiendo: abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) y Gas Natural (GN). Ambos dependen íntegramente de la Planta de Separación de GN y líquidos de gas natural (LGN), ubicada en la localidad de Malvinas, en la región Cusco. 

El GLP es el energético nacional de mayor consumo a nivel domiciliario, el 74% de los hogares lo utilizan; mientras que mediante GN se atiende al 18% de viviendas. Pero su principal utilización como combustible es en las centrales térmicas de generación de electricidad, que en épocas de estiaje –mínima cantidad de lluvias– en promedio representan el 40% de la producción nacional. El sector automotriz de servicio público –al menos en la capital– en su totalidad utilizan GLP o GN, habiendo desplazado por su bajo costo al gasohol (gasolina mezclada con etanol).

Una parada inesperada y de largo plazo en la Planta de Malvinas pondría al país en una situación calamitosa. Se puede argumentar que en el caso del GLP se podría importar; hoy la producción nacional cubre el 65% de la demanda, sin embargo se enfrenta una grave carencia, un almacenamiento suficiente. La disponibilidad de hoy no cubre ni tres días de consumo, y ya vivimos la amarga experiencia cuando no se pueden descargar las importaciones por oleajes anómalos. 

La indisponibilidad de GN en períodos largos no habría cómo cubrirla con generación térmica de bajo costo. Se tendría que recurrir a las plantas del Nodo Energético del Sur y la llamada Reserva Fría, operando a petróleo diésel, con un costo variable de producción de 6.7 veces más que el de GN. El impacto económico en el consumidor sería desmesurado. 

En este escenario la interrogante es: ¿cuál es la solución? Para el GLP, es hora de que el Ministerio de Energía y Minas ponga mano dura a los operadores del mercado y les exija lo que las normas indican, un almacenamiento promedio de 15 días de sus ventas. Y que a la vez se promueva la capacidad de almacenamiento de un operador independiente con fondos privados, lo cual es posible. 

Para el GN es indispensable el almacenamiento de líquidos de gas natural y una planta de regasificación, lo que implica tener un muelle de descarga. En primer término debería recurrirse a un acuerdo operativo y económico con Perú LNG, por el uso de su muelle y para el otorgamiento de un espacio para la construcción de almacenamiento y regasificación. Podría incluirse a una empresa adicional para asumir la inversión, operación y mantenimiento. 

Para las dos propuestas señaladas se necesita estructurar un esquema técnico, económico, financiero y de contratación; tanto de trato bilateral con los propietarios de infraestructura, como de competencia para las inversiones adicionales. Esto requiere tiempo. Con profesionales que conozcan el tema podría llegarse a un inicio de construcción en un plazo de dos años. 

Lamentablemente el presente gobierno toma cualquier iniciativa de nuevas inversiones privadas como “voluntarismo puro”. La confianza demorará en recuperarse, partiendo de una estabilidad política hoy en tela de juicio. Sin embargo, en los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, a través de Proinversión, se podría iniciar el trabajo de la estructuración. Corresponde a los agentes económicos presionar para poner en marcha la seguridad energética, que tiene tanta presencia en los discursos políticos, pero sin acción alguna para lograrla.