Plazos políticos en el proyecto Tía María

El 9 de agosto pasado la noticia del día fue la supuesta decisión autónoma del Consejo de Minería (CM), de suspender por un plazo de hasta 120 días la autorización para la construcción de la planta de beneficio del proyecto cuprífero Tía María, ubicada entre los distritos de Mejía y Cocachacra (provincia de Islay, región Arequipa). Sorprendió la celeridad con la que el CM pasó la autorización a la congeladora, ante los recursos de revisión presentados por los opositores al proyecto, liderados por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

El CM recibió de la Dirección General de Minería los recursos de revisión tan solo dos días antes. Su pronunciamiento, según los plazos administrativos, podría emitirse hasta el día 5 de diciembre próximo. En los últimos días se ha señalado que podría adelantarse la fecha hasta fines de octubre. ¿Hay coincidencia entre estos plazos y el proyecto político del señor Martín Vizcarra? Vale la pena escudriñar esta interrogante.

Para empezar el análisis, hay que revisar las razones invocadas para la suspensión. Se ha citado al Texto Único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo de Carácter General (Ley N° 27444), y al artículo 226 en particular, donde se muestran dos causales: 1) que se pueda ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación; y 2) que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. Al final se ha interpretado el primer punto, argumentando que había riesgos de pérdidas de vidas humanas.

En buen romance, el Consejo ha hecho una evaluación que correspondería, en todo caso, al Ministerio del Interior, entidad que ni siquiera es citada en el documento (Auto de Sala Nº 014-2019-MINEM/CM) que ha fijado la suspensión. Nada más político que una entidad técnica de ingeniería de minas y metalurgia haya hecho una labor de evaluación que corresponde a las ciencias sociales; y no a las ciencias naturales, que son las propias de la ingeniería.

Las cosas no quedan allí. Cuando se revisan los plazos, que pueden ir de fines de octubre a los primeros días de diciembre próximo, coinciden sorprendentemente con el ultimátum impuesto por Martín Vizcarra al Congreso de la República para que aprueben, a pie juntillas, su proyecto de ley de adelanto de elecciones (PL-4377-2019/PE), que es a fines de septiembre. 

Desde un inicio era obvio para Palacio de Gobierno que no iban a contar con los 87 votos que se requieren en el Congreso para aprobar su iniciativa legislativa. La estrategia ante la no aprobación es hacer la alharaca del caso con los medios de comunicación aliados, e ir a plantear una cuestión de confianza, de dudosa legalidad, para luego cerrar el Congreso, que es su verdadero objetivo. El proceso para esta tarea subalterna se podrá desarrollar en la primera quincena de octubre, y de allí la agenda política estará signada por la protesta ante el cierre del Legislativo y la convocatoria para la elección parlamentaria. 

En un escenario de esta naturaleza, la liberalidad del CM para dictaminar la nulidad de la autorización de construcción de la planta de beneficio será absoluta. Con eso contentará a los antimineros, y las protestas del titular del proyecto –Southern Perú Copper Corporation SAA– y de los gremios empresariales pasarán desapercibidas. Por ello no es casualidad que ahora se diga que a fines de octubre se tendrá el pronunciamiento sobre la suspensión dictada en agosto pasado.

La empresa y los gremios empresariales –en este caso la Sociedad de Minería Petróleo y Energía, así como Confiep– están avisados. El camino está empedrado para pasar el proyecto cuprífero a mejor vida.