Ojos bien cerrados: La catástrofe humanitaria en los penales

I

Las grandes crisis necesitan de grandes espíritus para ser superadas. Ellos crean grandes liderazgos que fijan la mirada en la victoria a cualquier costo, y eligen los mejores medios para alcanzarla. Así, los grandes líderes son conscientes de su poder, pero también de sus limitaciones. Por ello aplican soluciones efectivas, aunque provengan de sus críticos. Entienden que esas soluciones son más valiosas que su vanidad.

Por otra parte, las grandes crisis nunca se resuelven, o tardan mucho en hacerlo, cuando quedan a cargo de espíritus pequeños. Ellos siempre oscilan entre crear un mundo de fantasía por medio de la propaganda, ocultar la verdad a toda costa y, como Hitler al final de su vida, mover ejércitos imaginarios antes de hundirse en la nada. O barrer los problemas bajo la alfombra, confrontar a los críticos y, cuando estallan –porque inexorablemente lo hacen–, hacen con un altísimo costo aquello que se les pedía hacer desde el principio.

La conducta de quienes detentan el poder frente a la catástrofe humanitaria que se avecinaba en los penales –y que, lamentablemente, ya está aquí– fue escamotear el problema hasta que el motín en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro apareció como el inevitable corolario de una política de desprecio por la vida, la salud y la integridad física del personal penitenciario y de las personas privadas de la libertad. Corresponderá al lector definir la talla del espíritu que esto expresa.

II

Sí es relevante señalar que no fue por error o simple desidia burocrática que se adoptó esa política. La eligieron con el criterio que han empleado para casi todo lo que tiene que ver con la lucha contra la pandemia; esto es, pensando en la popularidad de quien detenta la banda presidencial. Así lo dejó claramente establecido Vicente Zeballos, quien declaró a RPP: «El hacinamiento es una verdad que venimos arrastrando (en años). Y cuando hacíamos indultos había una colectividad que nos rechazaba». 

Es claro que no ignoraban el problema del hacinamiento en los penales –el cual se arrastra por décadas–, pero no hicieron nada para resolverlo. ¿Por qué? Porque, como dijo Vicente Zeballos, existe un rechazo colectivo al despoblamiento de los penales. Este surgió por la campaña de lodo y odio montada por la pareja Humala-Heredia, contra quien frustró su proyecto de «reelección conyugal», y se consolidó a pesar de que, después de investigados y juzgados los hechos, ninguna responsabilidad recayó en Alan García –quien vio archivado todo cargo contra él por ese tema– y solo se condenó a un funcionario por dos conmutaciones. 

Fueron razones políticas las que movieron a los detentadores del poder a mantener el indulto como una mala palabra.

III

Ciertamente, no es descabellado enfocar las cosas desde la aceptación o el rechazo popular. Sería absurdo no hacerlo en regímenes democráticos necesitados de la aprobación del pueblo. Pero ese enfoque no es aplicable a los derechos humanos, que caen fuera del juicio de la política contingente, guiada por los criterios de oportunidad y conveniencia. Carece de importancia, por tanto, que la mayoría prefiera dejar morir en las cárceles a violadores de niños, quienes matan por robar un celular y aquellos que extorsionan.

Asimismo, los penales no solo están poblados por ellos, también tienen a los que cometieron delitos incruentos –como la omisión de asistencia familiar y otros–, víctimas de errores judiciales y quienes no han recibido condena definitiva. Sumados todos ellos hacen más de la mitad de la población penitenciaria y, obviamente, se encuentran fuera del supuesto que sustenta el draconiano juicio de la mayoría.

No es algo que ignoren quienes detentan el poder, pero no hacen nada porque es impopular pelear contra la opinión mayoritaria. Si lo que importa, para ellos, es la popularidad de quien porta la banda presidencial, la opción era la más cruel inacción durante los casi cincuenta días que llevan el estado de emergencia y la cuarentena. Por esa razón y no por otra, hemos oído al ministro de Justicia y su subordinado, el jefe del INPE, ir desde un injustificado y desconcertante optimismo que los llevó a decir que el SARS-CoV-2 no entraría en los penales, pasando por el embargo informativo más radical, y llegar hasta a desmentir o minimizar los datos que se filtran desde los penales.

IV

Los establecimientos penitenciarios están infectados con el virus SARS-CoV-2. Agentes penitenciarios y reclusos se han contagiado masivamente con la Covid-19, y muchos de ellos vienen desarrollando enfermedades graves que pueden desembocar en su muerte. Algunos de ellos ya han muerto, dicho sea de paso. No obstante, la política ha sido ocultar deliberadamente la cifra de contagiados, mediante el escamoteo de las pruebas y la suplantación de la causa de muerte.

Los motines en los penales se han dado más por la inacción frente al contagio y la ausencia de asistencia médica y medicinas, que por avivados delincuentes violentos que pretenden ser incluidos en la política de excarcelaciones. Esto último ha contribuido al motín, pero no ha sido determinante. En Castro Castro, por ejemplo, el motín detonó porque el cuerpo de “Garfield”, un interno del pabellón 4-A, no fue recogido durante casi un día de La Rotonda. Cosas similares suceden en Ancón I y Lurigancho. 

Estos tres establecimientos penitenciarios, construidos para recibir a 5,966 reclusos, albergan juntos 17,525 internos. Así, es ostensible cuán graves son la sobrepoblación, el hacinamiento y el déficit de salubridad. Siendo imposible el distanciamiento social que se exige para impedir la propagación del virus, resulta fácil prever el volumen de la catástrofe humanitaria que se nos viene.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, ha enfatizado que dejar que se propague el virus en los penales y dejar que cause un sinfín de muertes sería un «abandono de personas masivo, que configura un crimen de lesa humanidad. Es dolo directo. Si no se hace nada con las cárceles, va a ser una hecatombe». Ese el volumen de las responsabilidades que afrontarán quienes hoy conducen la política penitenciaria.

Epílogo

¿Era muy difícil resolver el problema de la sobrepoblación, el hacinamiento y el déficit de salubridad en los penales? Sí, pero no era imposible hacerlo. Faltaba un solo corazón bien puesto, y exigía decisión y compromiso con la defensa de los derechos humanos. 

Tres acciones debieron ejecutarse de inmediato –y todavía podrían mitigar la hecatombe en camino–, a saber: a) Listar a los presos preventivos que forman parte de la población de alto riesgo de la pandemia y exigir la revisión inmediata de su situación jurídica, poniendo el impulso sobre los hombros de una reforzada Oficina de Defensa Pública; b) Acelerar los procedimientos de beneficios penitenciarios; c) Indultar y conmutar penas de internos no peligrosos; y d) Someter a pruebas y aislar a los servidores e internos penitenciarios que dieran positivo, medicándolos y creando camas UCI en ciertos espacios de los penales.

Un conjunto de acciones que depende del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Justicia, cuyo titular, en reciente entrevista, descargó las culpas en los gobiernos anteriores y en los jueces y fiscales, sin asumir su parte de la responsabilidad por esta mortal inacción. Sí, claro, hay otros responsables, pero el principal responsable es él. Tendría que irse. Pero no ser irá, a menos que el Congreso lo eche. Algo que, lamentablemente, parece muy remoto.

Por otra parte, en una de sus acostumbradas conferencias de prensa del mediodía, el detentador del poder, en la línea de quienes hacen a regañadientes y con altísimo costo lo que debieron hacer desde el principio, anunció una norma que obligará a revisar las prisiones preventivas, dará indultos e intentará reducir la sobrepoblación y el hacinamiento en los penales. No importan si rezonga, cuenta que decidió actuar y ojalá lo haga.

Los detentadores del poder harían bien en abrir los ojos y salvar las vidas de los internos en los penales para que, cuando llegue la inexorable hora de rendir de cuentas, reduzcan las responsabilidades que derivarán de su inacción. Deberían saber que –como escribió don Ricardo Palma– «no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague» y –según la sentencia de Manuel González Prada– «el sueño del vencedor tiene amargos despertares».