Obsecuencia sobre Petroperú distrae debate económico

Siendo la necesidad urgente debatir la manera de salir de la caída permanente del PBI, la agenda se copa por la obsecuencia gubernamental de apoyar a Petroperú (PP) manteniendo al directorio y la administración que solo nos exhibe exigencias de ayuda con discurso político cada vez más altisonante. 

Tiene como aliados del despropósito al directorio de Perupetro (PRP), y el respaldo político del promotor de esta corriente, el ministro de Energía y Minas (Minem), Oscar Vera; al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras y al Premier Alberto Otárola. Los dos últimos se han mostrado contrarios al aporte para capitalización, pero silentes sobre el apoyo crediticio y manifiestamente a favor del otorgamiento de lotes a la petrolera estatal.

Hay en cartera dos temas muy sensibles: 1) el otorgamiento de garantía estatal de 1,000 millones de dólares (MMUS$) para una línea de crédito a ser otorgada por el Banco de la Nación, destinada a la importación de petróleo crudo, combustibles y biocombustibles, y 2) el otorgamiento transitorio de los lotes I, VI y Z-69 a Petroperú, hasta que se realice un proceso de competencia para adjudicarlos. 

Sobre la garantía de 1,000 MMUS$, si el Ejecutivo decide apoyar para supuestamente evitar el desabastecimiento de combustibles, en primer término, hay que preguntarse ¿cómo se ha determinado el monto? 

Unos cálculos elementales ayudan a tener una visión de la petición. Las importaciones mensuales que hará en el extremo serán de 1.8 millones de barriles (MMB) de crudo pesado y 75 mil barriles (MB) de biodiésel, no debe considerarse diésel porque supuestamente la Nueva Refinería Talara (NRT) puede producir mensualmente hasta 1.43 MMB, que es cantidad más que suficiente para la cuota de mercado que tiene. 

A precios actuales, el costo de la importación señalada ascendería a 191 MMUS$, esto significa que están pidiendo un crédito equivalente a 5 meses de suministro. Es indispensable que el directorio de PP explique cómo es que llegan a necesitar 1,000 MMUS$.

Para atender el pedido de garantía corresponde al ministro Contreras gestionar un decreto de urgencia (DU), que se rige por lo señalado en el artículo 25 del DL 1437, que establece que las garantías se contabilizan con cargo al presupuesto de servicio de la deuda del MEF. Situación bastante incómoda para la cartera del jirón Junín; que podría endosarle la responsabilidad al BN exponiéndolo con alto riesgo, a la vez que estaría centralizando gran parte de sus colocaciones en PP. Hay que estar atentos a esta operación. 

Sobre la posición del ministro Vera de otorgar los 3 lotes transitoriamente a PP, no debe ser aceptada por tres razones: 1) siendo lo que se denomina un encargo especial normado para PP según el DS-026-2020-EM, correspondería al MEF provisionarle recursos para iniciar la operación de los lotes, 2) no hay confianza alguna que PRP tenga celeridad en hacer el concurso, y 3) hay mala experiencia en el encargo dado a PP de administrar la concesión de distribución de GN dejada por la española Naturgy y que en diciembre próximo se cumplen 3 años sin que haya otro operador. 

Lo sensato sería prorrogar el contrato a los operadores actuales por 6 meses, hasta que se seleccione por concurso prolijamente diseñado, a las empresas que se hagan responsable de la operación. Si PP quiere participar que busque un socio y compita. 

La persistencia en dar todo lo que pide PP solo se explica por convencimiento ideológico, contrario a las reglas con las que se debe manejar la economía: racionalidad en las decisiones, máximo beneficio al Estado y participación en competencia. Estamos en un parteaguas del Ejecutivo o el estatismo irracional o el mercado cuyas imperfecciones son susceptibles de corregirse.