Nuevos retos del desarrollo capitalista en Ica

En la región Ica ocurre lo que siempre acontece con los inicios del desarrollo capitalista de un territorio. En una primera etapa, como las expectativas de la población y de sus empresarios están colmadas por la necesidad de trabajo, gran inversión y tecnología, se tolera que los derechos laborales y sociales pasen a un segundo plano o simplemente estén ausentes. Pero, cuando la bonanza crece, se expande el mercado y la masa laboral, entonces aflora la demanda de derechos laborales y se exponen ciertos rasgos de un capitalismo salvaje que obligan a una reforma del proceso.

La característica del desarrollo capitalista en Ica, sobre una extensión territorial de 500 km2, es que es esencialmente agraria, estrechamente ligada a la agroexportación, habiendo multiplicado hasta en seis veces los estándares de producción para el mercado internacional en solo diez años. El factor clave de ese impulso fue la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, promulgada el año 2000. Esa norma permitió atraer a la gran inversión en varias regiones de la costa del Perú, especialmente en Ica. Se crearon incentivos para la inversión peruana y extranjera, se expandió la frontera agrícola, se generalizó la instalación de pozos tubulares para la extracción de agua, se diversificó la producción para la exportación, a tal punto que, en algún momento, se hablaba que en Ica no solo toda la población económicamente activa tenía trabajo, sino que de otras regiones migraban a ese lugar en busca de trabajo o poner un negocio. Ese impulso de desarrollo capitalista no hubiera sido posible sin incentivos para la inversión, con normas laborales rígidas y protectoras o con sobrerregulaciones para promover la inversión.

A finales del año 2019 existían en Ica un promedio de 55 empresas agroindustriales cuyas ratios de empleabilidad variaban entre 50 y 9,000 trabajadores (entre unidades pequeñas, medianas y grandes), sobre todo en épocas de cosecha. Destacan, sobre todo, la producción de uva, palta, espárragos y otras variantes de frutas, para la exportación. Pero, los grandes empresarios iqueños y de la costa, así como los parlamentarios que aprobaron postergar la vigencia de la referida Ley de Promoción Agraria hasta el año 2031, con algunos cambios cosméticos, se equivocaron de cabo a rabo. Y es que, en ninguna parte del planeta un régimen agrario de excepción de esas características puede durar más de 20 años, porque tarde o temprano generará una explosión social como es la que estamos viviendo en estos días en Ica y en otras partes del país.

Las sociedades pueden tolerar por un determinado tiempo, que determinados derechos sociales no existan o sean muy relativos, tal como ocurre con la precaria empleabilidad, la ausencia plena de Seguro Social, la tramposa tercerización, los bajos salarios y las excesivas horas de trabajo. Muy pronto, en el imaginario y en la penosa rutina diaria de los trabajadores, calará hondo la excesiva desproporción entre la curva ascendente del crecimiento de las exportaciones, las ganancias de los diversos grupos empresariales y la llanura de los estándares de los salarios y las pésimas condiciones de trabajo.

En sentido estricto, el mismo régimen agrario excepcional de la Ley N° 27360 está en entredicho con el enfoque de la economía social de mercado de la Constitución de 1993. Por eso fue un craso error pretender prolongarlo hasta el año 2031, sin realizar modificaciones de fondo para mejorar sustantivamente los derechos sociales de los trabajadores. Es imposible que en una extendida extensión de 500 km2, como el valle de Ica y su entorno, pueda existir paz social con un jornal diario menor a los 40 soles; que los trabajadores laboren más de 8 horas, sin gratificaciones, y que se tolere un sistema de tercerización tramposo, en el que determinadas empresas se llevan casi el 35% del sueldo de un trabajador, sin hacer casi nada, salvo conducirlos en camiones o buses, a las 3 de la madrugada, hasta los campos de las empresas agroindustriales. Afortunadamente hay un sector de empresarios modernos que se han anticipado a esta realidad y exhiben niveles de buen trato a sus trabajadores, pero son una minoría. 

Esa tendencia rentista y abusiva que intentó prolongar un sistema de excepción temporal, por parte de los empresarios que lograron una alta acumulación de capital y patrimonio, es lo que ahora ha generado un caldo de cultivo para que equivocadamente un sector levante la bandera de derogatoria de la Ley N° 27360, sobre todo en una época electoral, en la que se multiplica la demagogia, cuando lo razonable era mantener los aspectos positivos de la ley y agregar mayores derechos sociales. 

Como tantas veces ha ocurrido en la historia, es la extendida protesta social lo que obligará a la sociedad iqueña y a otros territorios de nuestra costa para ingresar a un segundo periodo de desarrollo capitalista, esta vez con la expansión de derechos sociales, según los parámetros del derecho laboral moderno. Las diferentes empresas agroindustriales tendrán que aceptar una nueva cohabitación con trabajadores más empoderados y con mayores derechos sociales.

Sin embargo, los nuevos retos del desarrollo capitalista en Ica, y en otras regiones del país, implican otros cambios. El primero consiste en extender la digitalización de la cadena agroexportadora. Solo el 9% de las empresas agrícolas utilizan Internet para distribuir productos en línea, mientras que el porcentaje de empresas de este sector en los países de la Unión Europea asciende al 20%.

El segundo consiste en modernizar la capacidad logística y de transportes, porque ahora sus indicadores son aún más críticos. En general, las empresas muestran un nivel de adopción bajo de plataformas B2B y la adopción de nuevos servicios –como Internet de las cosas, Cloud, Inteligencia Artificial o el Big Data– se encuentra en un estado aún muy incipiente. El desafío es que las infraestructuras digitales y las nuevas tecnologías mejoren la productividad de la cadena de producción y exportación en el valle de Ica y en otros similares. 

El tercer cambio consiste en generar sistemas de integración vertical y horizontal con las pymes. En esto también puede servir la industria digital, para facilitar el escalonamiento en las cadenas de valor cada vez más globales y digitalizadas, y para evitar el crecimiento observado en las brechas de productividad. Se impone mejorar las fronteras de eficiencia de las firmas, facilitar los encadenamientos productivos y habilitar nuevas oportunidades para que estas empresas se incorporen a las cadenas globales de valor.

El cuarto desafío consiste en mejorar los estándares de productividad y competitividad de la agroindustria en el valle de Ica y abordar el tema crítico hacia el futuro: la inevitable escasez de agua. Se debe hacer todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo estratégico con Huancavelica, de cuya cuenca puede provenir una mayor cantidad de agua, además de optimizar las que se proveen de fuentes subterráneas. En este caso, una mayor productividad depende de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, la gestión del suelo y la expansión de la frontera agrícola. 

“No hay mal que por bien no venga” dice el dicho popular. Sospecho que después del actual conflicto social en Ica ingresaremos a otro momento del desarrollo capitalista en Ica, con más justicia social y también con mayor productividad.