Nuevas herramientas para la defensa del Estado de derecho

Un padre de familia peruano, en una reacción de encomiable valentía, impidió el secuestro de su hija por una banda de delincuentes. Poco después un policía recomendaba evitar hacer frente al agresor “por seguridad”. Desde hace décadas, las estadísticas en materia de seguridad suman papas con camotes porque no diferencian, en la evaluación del efecto de leyes y políticas, específicamente el el conteo de lesiones y muertes producidos en la comisión de actos criminales, a los agresores criminales de los ciudadanos honestos. Algo tan razonable como sumar como iguales las bajas propias y las del enemigo.

Desde la derrota militar-policial de Sendero y el MRTA, algunos jueces y fiscales marxistas, han ido ascendiendo en su carrera laboral equiparando reiteradamente el derecho a la integridad física y patrimonial del ciudadano honesto con el del agresor delincuencial. No son pocos los casos en que los familiares de criminales hostigan judicialmente al ciudadano que se defiende y hasta logran sentencias e indemnizaciones pecuniarias.

La longeva ofensiva mediático-jurídica (valga la redundancia) contra los militares y policías que nos defendieron del traicionero ataque del terror evidencia el carácter asimétrico de los conflictos contemporáneos. A ella se ha sumado, en los últimos tiempos, el abuso sistemático de la prisión preventiva, salvo de aquellos que compartan trinchera en la zurda. Todo como consecuencia de cinco décadas de infiltración sistemática y progresiva del magisterio, el clero y la academia, para desde allí infectar el sistema judicial, la prensa y la gestión pública. Se hace imprescindible cambiar las estrategias de defensa de la ciudadanía respetuosa de la ley y del prójimo. 

Por un lado se hace necesaria la pronta promulgación de leyes claras —como aquella que recoge la doctrina del castillo para la legítima defensa del ciudadano honesto— para poner coto al abuso ideologizado o incentivado (económica, turística o académicamente) de fiscales, jueces y funcionarios. Por otro lado, es imprescindible usar sistemáticamente las nuevas herramientas de comunicación en defensa del Estado de derecho, la justicia y el sentido común. 

Pero para que esfuerzos como los descritos prevalezcan y alcancen triunfos sostenibles, se requiere que quienes más tienen que perder respalden la organización de equipos de profesionales capacitados y experimentados. Y además deben dotar a esos equipos, de manera continua, con las herramientas y la tranquilidad necesaria para que puedan dedicarse al análisis prospectivo de escenarios y el diseño e implementación de prontas medidas preventivas.

Solo una vez que se entienda que el eje de la disputa no es la verdad ni la lógica, sino la legitimidad —que es, en esencia, un sentimiento— podrán entender la necesidad de generar y sostener las fuerzas y herramientas necesarias para retomar el camino del desarrollo y progreso. Y en un país que ha sido invadido, desde caballos de Troya, por unos pocos no elegidos por nadie, pero bien organizados y con recursos.