Nuevamente al debate el rol del Estado empresario

El apoyo gubernamental a Petroperú SA (PP) empezó con un perfil muy bajo en enero del 2017, y continuó con una serie de medidas en mayo y octubre 2022, y febrero y septiembre 2024, totalizando 5,177 millones de dólares (MMUS$), entre aumentos de capital, líneas de crédito, cobertura de deudas para el segundo semestre del 2024 y préstamo bancario. Todo ello ha reiniciado el debate sobre el rol del Estado como empresario.

La cosa no ha quedado allí, pues el Ejecutivo –usando a la agencia estatal promotora de exploración y explotación de hidrocarburos– le ha otorgado a PP los lotes productores I, VI y Z-69, además de obligar a llevarlo como socio en el lote X. Este año que se había decidido licitarlos en el 2025, se reitera –con campaña mediática de por medio– que deben continuar en manos de PP.

Por la cuantía de los desembolsos y garantías desde la caja fiscal a favor de PP, no hay buenos antecedentes para pensar que desde el aparato gubernamental se puede hacer un buen manejo empresarial; sin embargo, han ido apareciendo otros casos que precipitan el debate sobre el tema

La discusión se ha alimentado con la reciente demanda arbitral ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL), de la empresa UNNA SA (subsidiaria de AENZA, nueva denominación de Graña y Montero SA), por discrepancias en la gestión de los terminales de almacenamiento y despacho existentes en: Eten, Salaverry, Chimbote, Supe y Callao; propiedad de PP, pero gestionados mediante contrato desde 1998 por la sociedad Terminales del Perú SA, cuyos socios actuales son UNNA SA y Oiltanking Sucursal Perú SA.

A lo mencionado subyacen otros casos no muy visibles para la clase política. El pedido de renovación anticipada de contratos del sistema de transporte de gas natural (GN) y líquidos de GN Camisea-Pisco-Lima, así como la distribución de GN en Lima y Callao. Estos pedidos vienen acompañados de promesas de inversión.

Hay que tener en cuenta que estos contratos responden a una modalidad (contrato Building Owning Operate Transfer) en la cual terminado el plazo contractual, la propiedad revierte al Estado. Los casos de gestión de GN por ductos datan del año 2000 y tienen vigencia hasta el 2033

El caso señalado adelanta el debate del Estado empresario, pues al terminar la vigencia, la propiedad pasa al Estado y sobre el ingreso anual actual constituido en un 80% de recuperación de la inversión (capex) y 20% por operación y mantenimiento (opex), la componente capex ya no sería aplicable. 

La interrogante que inmediatamente emerge es ¿en qué estaba pensando el gobierno de Fujimori cuando otorgó las concesiones señaladas (terminales y GN por ductos) con una obligación de retorno de la propiedad al Estado? La respuesta está en el terreno político.

En 1997 la privatización ya originaba malestar ciudadano, ocurría con Telefónica del Perú SAA, las eléctricas Luz del Sur SAA. Edelnor SAA y Edegel SAA. En simultáneo, se iniciaba la campaña por una segunda intentona gubernamental de hacerse de la alcaldía de Lima, en 1998 teniendo como candidato al exPremier Juan Carlos Hurtado Miller. 

En el contexto descrito era un paliativo propagandizar que no se venderían activos estatales, sino que se concesionarían con compromisos de inversión y que al cabo de 30 años operativos la propiedad revertiría al Estado. Horizonte bastante largo para pensar en lo que ocurriría cuando se venciesen los contratos. Buen discurso político coyuntural para enfrentar los cuestionamientos a la privatización

Como no hay plazo que no se venza ya nos vamos acercando a la fecha límite y hay vocación empresarial de renovarlos anticipadamente y se generan interrogantes: ¿estamos dispuestos a tener un conjunto de empresas de propiedad estatal?, ¿estamos dispuestos a que el aparato gubernamental de turno gestione las empresas?; y ¿es este gobierno cuestionado con bajísima aprobación el que deba renovar contratos?

Este es un tema de debate en el terreno político, por supuesto con la evaluación técnica respectiva. Adelanto opinión: 

1) Este gobierno no tiene autoridad alguna para decidir por renovaciones, no solo porque carece de los cuadros técnicos para evaluar, sino porque está permanentemente bajo suspicacia.

2) Al no haber partidos sólidos y por tanto sujetos al clientelismo de llegar al gobierno, no veo en el próximo quinquenio un aparato gubernamental que pueda gestionar adecuadamente empresas estatales.

3) Los contratos no deben renovarse, pero una vez revertidos los activos al Estado, deberían volverse a licitar en un nuevo período de concesión con nuevos compromisos de inversión, nuevas tarifas al consumidor, y nuevos plazos. Alternativamente podría pensar en vender la propiedad. 

Ya que hay apuro por renovaciones la clase política debe poner veto a la renovación hasta el 2026 y poner al menos los lineamientos técnicos y legales para que el próximo gobierno tome decisiones.