Muchas teorías conspirativas pocas cifras sobre Puerto de Chancay

La demanda de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitando la anulación de la exclusividad de la prestación de los servicios esenciales en el Puerto de Chancay, al consorcio autorizado, formado por las empresas Cosco Shipping Ports y Volcan Compañía Minera, ha causado inevitable revuelo, dando origen a que circulen múltiples teorías conspirativas por la decisión y anuncios apocalípticos para el futuro inmediato.

Las especulaciones sobre el origen de la posición del Ejecutivo peruano apuntan a la posición estadounidense y los intereses de grupos empresariales chilenos. Sobre las implicancias van desde la paralización de la construcción, hasta la demanda a un tribunal arbitral internacional. 

La supuesta influencia americana se basa en un artículo publicado en agosto pasado en el Washington Post (WP), en el que se afirma que el gobierno americano ha comunicado al gobierno peruano su preocupación por la inversión china en un sector estratégico como el portuario. Es obvio el malestar en los Estados Unidos por el avance chino en Latinoamérica, teniendo como principales destinos de inversión a Brasil y Perú, lo cual no significa que lo mencionado por WP haya ocurrido. 

La administración Biden no se ha pronunciado sobre lo referido en el WP y la afirmación periodística sonó a un psicosocial armado desde Perú, en un momento que la eléctrica China Southern Power Grid International había cerrado acuerdo de compra de Enel Distribución Perú y que existía un proceso en tránsito de aprobación previa de la operación en Indecopi. 

Sobre el caso de intervención proveniente de empresarios mapochinos, tiene sentido, aunque aún no se tiene la evidencia explícita. El Puerto de Chancay afecta directamente los intereses del principal puerto chileno que es el de San Antonio, ubicado en Valparaíso, que gestiona anualmente 1.8 millones de TEU (contenedores de 20 pies), que es de menor capacidad que el Callao que opera hasta 2.5 millones de TEU (MMTEU), mientras que Chancay en una primera etapa tendrá una capacidad de 1.0 MMTEU y en una segunda hasta 1.5 MMTEU. 

La interrogante es ¿por qué si San Antonio tiene mayor capacidad que Chancay en sus dos etapas, puede sentirse amenazado? Las razones son dos: 1) la ruta marítima desde China hasta Chancay reduce en 15 días la travesía hasta la costa sur de Sudamérica, y 2) por el calado, Chancay podrá recibir barcos de la máxima capacidad de transporte, los denominados “Ultra Large Container” (ULC), que puedan transportar hasta 18,000 TEU. En esas condiciones, San Antonio recibiría embarcaciones de menor envergadura que provendrían de un trasbordo de carga desde Chancay. 

La decisión de solicitar la anulación de la exclusividad de servicios esenciales (practicaje, remolque, estiba, desestiba, embarque, desembarque, avituallamiento, desechos y reparaciones), no sé si es por negligencia o complicidad con intereses subalternos. El MTC ha dejado todo en manos del Congreso para que haga una modificación en la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley 27943). Pero con el comportamiento de los legisladores actuales cualquier cosa se puede esperar. 

La inversión de la primera etapa del Puerto de Chancay, que asciende a 1,300 millones de dólares (MMUS$), en un horizonte de 20 años y con una tasa de descuento del capital de 10% anual, más unos costos de operación y mantenimiento que serán del orden de 65 MMUS$ anuales, implican tener ingresos aproximados por 277 MMUS$ cada año. 

La cifra es significativa, pues el Puerto del Callao, a través de sus dos operadores (APM y Dubái Ports) registran ingresos conjuntos por año que son del orden de 411 MMUS$, gestionando 2.5 veces más de capacidad que la primera etapa de Chancay. Esto significa 164 MMUS$ por cada 1.0 MMTEU. Es decir, que la expectativa del consorcio liderado por Cosco Shipping Ports es de generar ingresos 69% superiores por cada 1.0 MMTEU. 

Es evidente que el recorte de la explotación de servicios esenciales en calidad de exclusividad afectará los ingresos esperados y el equilibrio económico con el que se ha desarrollado el proyecto. Si el gobierno persiste dejar el caso a la decisión del Congreso, pudiendo ensayar un Decreto de Urgencia, lapidará cualquier expectativa de inversiones intensivas en capital.