María Antonieta y el futuro de Petroperú

Luego de la renuncia reciente de Carlos Paredes a la presidencia de Petroperú SAA (PP), queda por ver el tema de fondo que fue origen del impase con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva: la pretensión de que el Estado se haga cargo de una deuda por US$ 1,500 millones, de un total de US$ 3,200 millones de pasivo de largo plazo que tiene la petrolera, según los estados financieros al cuarto trimestre del 2019.

Esta pesada deuda es más que obvio que traerá problema de pagos en el corto, mediano y largo plazo. En el corto, porque ante el cese de actividades de su principal unidad de producción (que es la Refinería de Talara), que preveo que durará hasta fines del próximo año, la empresa se comportará casi como un importador neto. Y los márgenes de utilidad habrá que ver cómo se comportan, pero no hay motivos para ser optimistas. 

Este año, y hasta el 2032, la empresa tiene la obligación de pago de intereses de los bonos que, a las tasas diferenciadas conseguidas, sumarán US$ 104 millones anuales, a lo que habrá que sumarle el interés del período de gracia del crédito otorgado por la Compañía Española de Créditos de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), que ascenderá a unos US$ 48 millones al año, mientras se termine la etapa constructiva. En resumen, por lo menos hasta finales del próximo año requerirán US$ 152 millones anuales para pagos de deuda de largo plazo

El esquema para aliviar los pasivos de Petroperú podría haber sido un canje por una emisión de bonos soberanos, para conseguir una menor tasa de interés y plazos más largos o una capitalización del Estado. No se explicó suficientemente cuál era el esquema; expresaba una preocupación legítima del ex presidente Paredes, de honrar compromisos con los acreedores. Él, como hombre de finanzas, era completamente consciente de que la deuda es elevadísima, cosa que los funcionarios de planta de la empresa no entienden.

Desde el punto de vista de alivio financiero, el planteamiento de acudir a su propietario suena legítimo. Pero había algunas dificultades prácticas: las limitaciones de la Ley N° 30130, relacionadas con el Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), donde se da aval a Petroperú para endeudamiento hasta por US$ 1,000 millones, pero a la vez se menciona el autofinanciamiento, a lo que se sumaba la Ley de Presupuesto y Endeudamiento del Sector Público del año 2020. Pero no solo esto estaba sobre la bandeja de pendientes de la ministra María Antonieta, sino también la reducción del déficit fiscal, que ya se había relajado en metas para los años 2020 y 2021. 

Personalmente soy un convencido de que la prédica que se hizo desde la empresa, de poder autofinanciarse y hacer crecer irresponsablemente el endeudamiento, debe honrarse. Deben asumir responsabilidades, y de llegarse a un default que hagan lo que un privado practica: vender activos o declararse en insolvencia. 

Para culminar el PMRT se dice que se necesitan US$ 600 millones adicionales de deuda. Pienso que es más, pues hay en discusión aún el pago de penalidades por atrasos; la cifra en cuestión va desde US$ 187.5 millones hasta US$ 712.5 millones. 

La colocación de bonos en Nueva York, en junio del 2017, donde se obtuvo una tasa de 4,75% para colocación a 15 años, estuvo respaldada en la creencia del mercado que ante un posible default el Estado no abandonaría a su empresa. Hoy, con la decisión de la ministra Alva, queda claro que no necesariamente será así. Y esta señal pesará para una próxima emisión, habrá más cautela de los financistas.