Los males crónicos que hunden al país

Los males crónicos que padece el país, como se van desarrollando, seguirán por un tiempo más sin ser resueltos. La política, la destinada a corregir esos males nacionales, en lugar de interponer sus buenos oficios hace todo lo contrario: los profundiza. 

La inseguridad ciudadana ha escalado a los niveles experimentados durante la época del terrorismo. De pájaros fruteros, carteristas y tímidos asaltantes, hoy se ha pasado a brutales bandas locales e internacionales manifestándose sin límites, que menosprecian la vida humana y destrozan bienes para atarantar a la gente. Un romántico movimiento antiminero –conmovido por la contaminación ambiental, el uso indebido de aguas destinadas a la agricultura y, según su óptica, por el injusto aprovechamiento de los recursos minerales– se ha vandalizado, cruzó los límites al destruir torres de alta tensión eléctrica, asesinar e interrumpir los nuevos proyectos mineros. ¿Aliados de la minería ilegal?

Las empresas petroleras de primer nivel no llegan al país porque en los bosques amazónicos, en coordinación siniestra, los criminales conviven. El senderismo controla el tráfico de drogas, la tala ilegal, el contrabando de madera, el tráfico de terrenos y demás, y la población es parte de esas actividades. Un 70% de los derrames de petróleo son provocados y están vinculados a las dirigencias y sus asesores pertenecientes a alguna ONG. Cobran millonarias indemnizaciones por remediar la contaminación provocada por ellos mismos. En la selva no hay condiciones de estabilidad y seguridad. Y ciertos políticos dicen que una multidisciplinaria participación de las instituciones nacionales resolvería el problema. ¿Qué funcionario público se atrevería a establecerse en las zonas liberadas por la droga y la minería ilegal, sin resguardo policial o militar?

Las invasiones de propiedades y terrenos tienen larga data. Predios como “el hueco” en La Molina (Lima) son invadidos impunemente. En lugar de alentar el avance de la formalidad, la autoridad frena los proyectos inmobiliarios que pretenden rescatar esos lugares. 

El copamiento de las instituciones públicas es de siempre, pero ahora se hace con menos sutileza. Ocasiona la falta de obras, servicios e intervenciones públicas de calidad por la ausencia de conocimientos y capacidad de gestión de las autoridades. Los escandalosos pagos por asesorías y consultorías son el mal ejemplo que llegó hasta al más pequeño y alejado distrito. Allí, los “copia y pega” de “expertos” no sirven para nada. Informes plagados de puro palabreo.

Con el segundo gobierno de Alan García Perú parecía encaminado, con un alentador crecimiento de alrededor del 7% del PBI. Los esfuerzos de la década de los noventa dieron frutos hasta que el humalismo abrió un nuevo ciclo de persecuciones políticas con los “narcoindultos”. Y la corrupción sepultó la poca integridad sobreviviente a pesar de que, años antes, políticos y personajes públicos se rasgaban las vestiduras por la escandalosa corrupción descubierta –según ellos– durante los noventa. Sepulcros blanqueados, no otra cosa.

Los males crónicos se multiplican y alcanzan nuevas modalidades. De coimear al policía y oficinista estatal se pasó a obras estancadas, inservibles y a la adulteración de los costos. La corrupción ha dejado en el alma nacional una huella difícil de borrar. “La naturaleza pecaminosa” del común de los peruanos desarrolló males con resultados eficaces. 

Escuchando a los probables candidatos es difícil sostener que el Parlamento o la presidencia de la República a elegir el 2026 cambiarán el destino del país. Usted lo sabe, una mano negra detrás de la justicia hace canallas a los hombres buenos e idóneos y perfectos a los malos, los que –según ellos– merecen su apoyo y voto. Si la justicia falla, el sistema cae. Y es lo que se ve a todas luces.