El crimen rumbo al 2026

El crimen organizado está en campaña para lograr el mayor número de representantes en el Poder Legislativo y los gobiernos subnacionales. Y si les fuera posible, hasta tentarán la Presidencia de la República en 2026.

Para lograr sus objetivos, elaboran una narrativa que resulte persuasiva para la mayor cantidad de electores. En 2001, Alejandro Toledo ocupó la primera magistratura afirmando que era el primer indígena en gobernar el Perú. En las pasadas elecciones, el entonces candidato Pedro Castillo afirmaba que representaba a un humilde maestro de provincia que gobernaría contra las políticas impuestas por el centralismo limeño y que, habiendo transcurrido 200 años de independencia, ya era hora de que el Estado mire a las provincias. Lo cual, ciertamente es falso, porque el mayor presupuesto de la república se destina a los gobiernos subnacionales, según lo estableció el segundo Gobierno de Alan García.

Ahora aparece en escena otro individuo Antauro Humala quien, tras purgar condena por rebelión en contra del orden democrático en Andahuaylas –ocasionó la muerte de cuatro integrantes de la Policía Nacional del Perú– ha decidido lanzarse a la arena política, afirmando que la minería ilegal no es tal, sino que se trata de mineros artesanales.

El mismo discurso que el Partido Nacionalista de su hermano, el ex presidente Ollanta Humala tuvo con respecto a los cocaleros, señalando que quienes sembraban hoja de coca lo hacían como expresión de su cultura ancestral.  Pero todo el país sabe que menos del 2% de la producción de coca se destina a este tipo de consumo; todo lo restante, más del 98%, es procesado, almacenado y comercializado por el narcotráfico.

La minería ilegal y el narcotráfico son organizaciones criminales que actúan al margen de la ley y que representan un gran desafío para la vigencia y continuidad del propio Estado. Inclusive cuando todo indica que actúan de manera conjunta. Estas organizaciones requieren de un Estado permisivo y ausente, que eluda ejercer medidas de control y supervisión en todo el territorio nacional. Que los deje actuar en ‘territorios liberados’ donde ellos impongan sus propias normas.

Para lograr su objetivo necesitan infiltrar instituciones, corromper a sus funcionarios y amedrentar y hasta asesinar a quienes se opongan.  Bajo esta lógica perversa, el crimen organizado requiere del control del aparato estatal para garantizar ingresos estimados en US$ 7,400 millones anuales, como producto de la extracción ilegal de oro. Esta actividad habría registrado un incremento de 53% con relación a abril de 2024, según informó el Instituto Peruano de Economía.

El Gobierno tiene que actuar pronta y enérgicamente en contra de la minería ilegal, porque su inacción emite señales que ahuyentan la inversión minera formal y terminan fomentando indirectamente la acción de la criminalidad. Ya sea desde la minería ilegal, el narcotráfico y de otras taras de la sociedad.