Crimen organizado. Riesgos en América Latina

Que el pueblo elija directamente a sus jueces puede sonar democrático, pero en sistemas frágiles, en los que el Poder Legislativo ha sido capturado, el Ejecutivo concentra el presupuesto y los órganos electorales están debilitados, estos mecanismos se convierten en canales para legitimar la subordinación. Sin control real, lo que se “elige” lo deciden las cúpulas partidarias, intereses económicos o estructuras criminales.

El 1 de junio México celebró elecciones judiciales. Por primera vez, más de 2,600 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueron electos mediante voto popular. Lo que se presenta como ejercicio democrático para “devolver el poder al pueblo”, despierta preocupaciones en México, pero también en América Latina donde países como Perú, Bolivia, Colombia y Chile preparan procesos electorales para 2025 y 2026. El riesgo es la improvisación institucional y la sistemática infiltración de candidatos vinculados al crimen organizado.

América Latina confunde cantidad de elecciones con calidad democrática, institucionalizando el autoritarismo en las urnas. Si el Poder Judicial pierde autonomía, manejado por partidos sin censura y redes infiltradas por el crimen, la justicia se debilita y sin ella no hay democracia.

El expresidente Vicente Fox calificó el evento como “una locura”, señal del avance del autoritarismo disfrazado de populismo. Fox afirma que la reforma judicial no democratiza la justicia, la subordina. En un país donde los cárteles capturan regiones, el Gobierno y el partido –Morena– concentran el Poder Ejecutivo y Legislativo, unas elecciones judiciales sin garantías, transparencia o neutralidad cooptarán el poder.

¿Qué ocurre cuando se abren las urnas en territorios donde no gobierna la ley, sino los cárteles? ¿Qué significa “elegir” cuando el partido dominante y los grupos criminales ponen los nombres en las boletas?

La paradoja electoral latinoamericana presenta elecciones cada vez más frecuentes, pero una democracia debilitada. En Perú, las regiones mineras dominadas por mafias del oro ilegal y el narcotráfico producen congresistas, alcaldes, gobernadores y funcionarios judiciales vinculados con redes criminales. En Bolivia, el oficialismo coopta el Poder Judicial en forma tan burda como sistemática y el narcotráfico avanza, judicializando la oposición. En Colombia, el proceso de paz ha multiplicado la disidencia armada y nuevas mafias disputan territorios, financiando campañas locales. En Chile, algunos sectores intentan reconfigurar el sistema político tras el estallido social y la crisis constitucional, impulsando la “democratización” del poder judicial sin contar con instituciones sólidas.

En estos contextos, la propuesta de elegir jueces por voto popular –sin filtros técnicos, contrapesos efectivos y candidaturas validadas por partidos únicos o infiltradas por el crimen– amplía el espacio para la corrupción e impunidad. Donde el Estado no tiene control del territorio, las urnas abren sus puertas al poder informal, armado o ilegal.

La defensa de un sistema judicial independiente y meritocrático es una prioridad. No se trata de negar el valor de la participación ciudadana, sino de proteger las instituciones de una degradación populista. La autonomía judicial debe ser defendida con reglas claras, filtros técnicos, vigilancia pública y transparencia real.

América Latina enfrenta una encrucijada: profundizar la democracia o abrir el camino hacia sistemas electorales decorativos, donde se vota, pero no se elige; donde hay urnas, pero no justicia; donde hay elecciones, pero no democracia.

El voto popular puede ser una herramienta democrática, pero también un vehículo de consolidación autoritaria y criminal cuando es manipulado. Democracia no es contar votos, es saber quién propone a los candidatos y a quienes se beneficia.