¿Los juicios de Lima?

La historia está repleta de momentos en los que el poder político, abusando de sus propios poderes cuasiabsolutos y ante la inexistencia de límites, persiguió a sus opositores políticos o ideológicos. Estos escenarios se han dado contra todas las banderas políticas e ideológicas.

Hace casi 300 años tuvimos los juicios de Salem, por los cuales se procesaron a más de 100 personas y se condenaron a cerca de 20 por motivos estrictamente religiosos. El fanatismo e irracionalidad demostraban, como pocas veces en la historia, el daño social que pueden causar, sobre todo si no contábamos con ciertas garantías.

En el otro extremo del atlántico, y previamente a la Francia revolucionaria, el rey podía (y de hecho lo hacía) perseguir a ciertos ilustrados que amenazaban al statu quo de aquel entonces. Lo propio ocurrió en plena revolución, donde, aplicando el “gran terror” se persiguió a personajes afines al “antiguo régimen”, guillotinándolos si no le simpatizaba a cuanto loco revolucionario había por aquel entonces.

Posteriormente en el escenario ideopolítico se darían los juicios de Nuremberg y los juicios de Moscú, famosos juicios mundiales por instrumentalizar el derecho a perseguir y acabar con personas que se consideraban “inferiores” o simples adversarios políticos. 

Finalmente tenemos a nuestro país, el cual, a lo largo de diversos gobiernos autoritarios y democráticos, persiguió a distintos personajes usando, de manera cobarde, los instrumentos jurídicos existentes (baste ver el caso de Haya de la Torre).

Todos estos escenarios, en distintos lugares y épocas, nos hacen ver la indefensión que tuvo el hombre frente a los excesivos poderes estatales, sin ninguna garantía y muy lejos de lo que hoy se conoce como “debido proceso” y “tutela jurisdiccional efectiva”.

Hoy en día, con el avance del constitucionalismo y la constitucionalización del derecho, pareciera que hemos superado ciertas épocas de barbarie y, a pesar de las más grandes pulsiones que tiene el hombre, ha podido ser domado por ciertas garantías e instituciones que limitan el poder político. En teoría eso es lo que debería pasar. Sin embargo, la realidad es más poderosa que la teoría.

Son numerosos los casos (desde que recuerdo y con algo de conocimiento jurídico jurídico) en donde se produce el famoso lawfare, que no viene a ser otra cosa más que la politización de la justicia o una especie de “batalla cultural” llevado al ámbito jurídico.

Baste recordar diversos ejemplos en los que el papel de la “justicia” se vio (o se ve) trastocada: Alan García y su persecución político-judicial (a la fecha, no se le ha encontrado ningún acto irregular de corrupción), el juicio político inconstitucional a Salvador del Solar cuando ya operó la prescripción de los cinco años, el mediático juicio “Cócteles” en los cuales hubo una, por decir lo menos, cuestionable labor fiscal (la cual exageró con imputar al maestro Oré Guardia y muchos otros), entre otros.

Muchos casos del día a día nos harían pensar que estamos en una regresión de garantías y debido proceso y una superposición de la fuerza de los votos, de la política y de los números, por encima de las razones. Lo cual resulta altamente peligroso, pues cualquiera podría ser el próximo objetivo. Se debe recalcar que no se defiende a las personas en concreto, sino las garantías y al derecho en abstracto,

Así como con la religiosidad en Salem, hoy en día los medios (vendidos) de comunicación juegan un papel trascendental en el señalamiento o cancelación de personajes políticos que no les puede agradar, lo que se conoce como “juicios paralelos”, lo que no hace sino reforzar más ese perverso incentivo de instrumentalizar al derecho para fines políticos.

Evidentemente no se puede hacer una comparación en estricto sobre los horrores del pasado con los juicios presentes, pero sí podemos advertir algo que, salvo a personajes oscuros y cobardes, no beneficia a ninguna persona en sociedad: se están haciendo persecuciones políticas institucionalizadas. El ocaso de la sociedad y del derecho.