Lo que la izquierda nos arrebató

 

El panorama es más claro que hace algunos meses respecto a la relación entre los últimos gobiernos peruanos y las constructoras brasileñas. En ese sentido, entendemos mejor cómo operó la corrupción instalada en toda la región.

Tenemos todo el derecho a estar molestos e indignados, más aún conociendo los años de trabajo y disciplina fiscal que sacaron al Perú de la desgracia económica de la década de los ochenta. Y tenemos derecho a renegar porque los ahorros y el dinero del tesoro público se esfumaron frente a nuestros ojos. Hablamos de millones de dólares perdidos en obras con precios inflados y sobornos. Perdimos la posibilidad de darle mejores servicios a los ciudadanos más vulnerables. Todos perdimos, incluida la confianza entre nosotros.

Las últimas declaraciones de Jorge Barata nos brindaron más detalles sobre el esquema de corrupción que se instaló en nuestro país con la llegada del nuevo milenio. Ahora, queda pendiente la parte más importante: que presenten pruebas que sustenten lo dicho. Un paso fundamental para que —finalmente— se formalicen las investigaciones y se pueda condenar a los culpables. Recordemos que hasta el momento no se ha formalizado ninguna investigación, que los señores Humala pasaron nueve meses en prisión preventiva y que llevan casi un año fuera de ella. La señora Keiko Fujimori lleva seis meses en prisión preventiva y tampoco se ha formalizado una investigación.

Al analizar toda la información y buscar justicia es importante distinguir entre las dos modalidades de corrupción presentes: 1) Odebrecht habría dado dinero a todos los actores políticos de importancia en elecciones, para asegurar la colaboración del Gobierno en las obras de interés de la constructora brasileña. 2) Donaciones de orden ideológico, dirigidas desde el Partido de los Trabajadores a los candidatos de izquierda.

Barata, hace unos días, volvió a confirmar que en el 2011 el gobierno brasileño —en ese entonces administrado por el hoy encarcelado Lula da Silva— le exigió apoyar la campaña del candidato de izquierda Ollanta Humala. Según IDL Reporteros, Barata señaló que Odebrecht “entendía que existía una convergencia de intereses del Partido de los Trabajadores para que toda América del Sur tuviese presidentes con la misma línea política y económica que representaba el Partido de los Trabajadores”. El aporte final fue de US$ 3 millones.

Es decir, el presidente de Brasil le ordenó a la constructora Odebrecht que aporte tres millones de dólares a la campaña de un candidato presidencial peruano porque se alineaba mejor con sus intereses ideológicos. Esto es gravísimo, y parece que lo estamos dejando pasar como si fuera un dato más. No lo es.

El dinero se habría dado a dos personas vinculadas al Partido de los Trabajadores, Valdemir Garreta y Luis Favre. Según Barata, ellos fueron sugeridos por el propio Partido de los Trabajadores para ser responsables de la campaña de Humala.

La misma fórmula habría sido usada en el caso de Susana Villarán. José Miguel Castro, según los medios locales, le habría pedido dinero a Odebrecht para financiar la campaña en contra de la revocatoria a la gestión de Villarán. Castro habría señalado que los mismos Garreta y Favre se encargaron de la publicidad, como se hizo en el caso del expresidente Humala. Barata explicó que entendían que eran casos similares porque Villarán era cercana a la línea política de Humala. El aporte también fue de US$ 3 millones.

Estos hechos podrían ser probados fácilmente, y así se habría cerrado el círculo. Un líder poderoso (Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores), un gran poder económico (las constructoras brasileñas) y candidatos de la izquierda en toda la región recibiendo apoyo financiero del gobierno de otro país. Tremenda banda, ¿no? Y si usamos la lógica que la izquierda suele aplicarle al fujimorismo, “todos” tenían que saber lo que estaba pasando, desde las secretarias hasta los regidores.

Hoy, muchas de las personas involucradas niegan haber sabido lo que ocurría, cuando otrora casi casi se decían autoras de las obras hoy cuestionadas, como la Línea Amarilla del Metro. Todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario; pero cuando concluyan las investigaciones, todo el peso de la ley debe caer sobre los culpables. Sea quien sea.

Como peruanos, hay mucho que no podemos olvidar. Es verdad que hay corruptos en todos los colores políticos. Sin embargo, me permito hacer énfasis en esta mafia de izquierda que se instaló en el continente, porque no quiere ser detectada en el radar. Pasa inadvertida y sigue tramando su próximo movimiento, pero bajo la máscara de ser defensores del pueblo, defensores de los consumidores y defensores de derechos humanos. Se llena los bolsillos con nuestro dinero y trata de debilitar nuestra soberanía. ¿Lo permitirás?