¿Ley de Presupuesto es vehículo de negociación política?

Al cierre del presente mes de noviembre el Congreso, cumpliendo el mandato constitucional, debe remitir al Ejecutivo la autógrafa de la Ley de Presupuesto General de la República, lo que será materia de intensa puja entre congresistas y miembros del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los congresistas que representan a las regiones serán presionados por autoridades locales y regionales para que obtengan recursos para obras en sus respectivas jurisdicciones. Los anexos 6 y 7 del Proyecto de Ley de Presupuesto, en donde se encuentra el listado de obras a financiar en este ámbito, serán materia de la pugna. El objetivo de los congresistas es mostrar que su gestión permite la ejecución de obras, un rédito para mostrar que su paso por el Legislativo se ha justificado, y que podrá ser usado más adelante para actividades proselitistas, si aspiran a ser gobernadores o alcaldes. 

Para los miembros del Ejecutivo transigir en determinados pedidos puede ser una herramienta de transacción para obtener adhesiones en votaciones de temas complicados, como los que se tienen en el corto plazo. La agenda es prolífica y vale la pena hacer un breve recuento.

El tema más trascendente en cartera es la admisión al debate de la vacancia presidencial, para lo que se necesitan 52 votos. Este es un asunto delicado para el Gobierno porque obligaría a que Pedro Castillo asista al pleno a hacer una defensa de su gestión, marcada por la designación de personas de pasado controvertido en los más altos cargos del Estado. Si bien es cierto esto no es una comparecencia, como en el caso español, donde el jefe de gobierno polemiza con los parlamentarios, para un mandatario como Castillo exponer ante cuestionamientos de la oposición es un peligro por los desatinos que podría cometer, que agravarían la situación de su endeble gestión. 

También está en la agenda de discusión el otorgamiento de facultades para que el Ejecutivo legisle en temas muy sensibles, como el incremento de impuestos y que el Banco de la Nación pueda competir con la banca comercial. Se suma a la lista una moción para interpelar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por su laxitud para darle tregua a los transportistas que acumulan sanciones por múltiples infracciones, así como por la defenestración de la titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran).

Los legisladores podrían ir por más, como la censura de la Premier Mirtha Vásquez después del ofrecimiento realizado en Coracora, capital de la Provincia de Parinacochas (región Ayacucho), de no permitir ampliaciones de plazo al cierre de minas, pasando por alto decisiones de instancias administrativas como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (Senace) y la Dirección General de Minería. A pesar de que ha habido un retroceso gubernamental, el daño a la reputación del Perú como destino de inversiones ya se ha producido. 

Para todos los casos mencionados los votos en el Congreso son los que pueden decidir la suerte del gobierno. La época para el canje de votos por obras no podría ser más propicia: en los próximos seis días se decidirá el Presupuesto de Gastos para el año 2022. Muchas de las inasistencias al desarrollo del pleno, abstenciones o posiciones a favor del Gobierno van a tener una explicación en la asignación de recursos del fisco. Si de ser agudo se trata en la labor de hacer oposición, sigan con atención los posibles incrementos de partidas o de proyectos de los anexos 6 y 7 ya citados, a los promotores de dichas medidas y su posterior accionar en las próximas votaciones en el pleno.