Legislación de armas y Pirámide de Kelsen

 

Es principio esencial del Estado de derecho que una norma de menor jerarquía no pueda vulnerar ni modificar lo que dispone una norma de mayor jerarquía. Así, una resolución ministerial no puede modificar ni suspender lo dispuesto por un decreto supremo o una ley. SUCAMEC fue creada mediante Decreto Legislativo Nº 1127 (un decreto legislativo es una norma del Ejecutivo, por facultades delegadas por el Legislativo, y que tiene rango de ley) tiene autonomía administrativa y unas funciones que solo pueden ser modificadas o suspendidas por ley.

La Ley Nº 30299 (Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil), promulgada en diciembre del 2014, recién entró en vigencia cuando, tras una deliberadamente larga postergación del Gobierno humalista (demasiado parecida al desarme civil, emulando a otros gobiernos dirigidos por el Foro de Sao Paulo) finalmente se publicó su reglamento, el 7 de julio del 2016. Recién entonces se pudo empezar a otorgar nuevas licencias y a renovar las licencias vencidas, que al tener una vigencia de tres años, por la nueva ley, empezaron a vencerse hace un par de semanas. En octubre vencerán prácticamente todas las licencias para portar armas otorgadas el 2016 tras el embalse.

El sábado 3 de agosto del 2019 se publicó la RM 1148-2019-IN, que pasará a la historia como uno de los más grandes desatinos en la producción legislativa sectorial. La RM de marras pretende, en ejercicio de una facultad que solo existe en a imaginación de quien mal aconsejó al ministro de Interior, suspender por 180 días las funciones que, por ley, SUCAMEC debe cumplir. En buen romance, un ministro queriendo enmendarle la plana al Congreso.

Suspender por 180 días la emisión de licencias para portar armas y de tarjetas de propiedad de armas no solo es ilegal, sino que crea muchos problemas sin resolver ninguno. Y, a la par, abre una puerta institucional para el desastre al crear una comisión de burócratas que pueden generar “excepciones”. En tecnica legislativa contemporánea, siempre se recomienda reducir la discrecionalidad del funcionario, para evitar abusos, discriminación y corrupción.

Dejando de lado por un momento la idiosincracia del ciudadano peruano, para quien ley tiene carácter meramente referencial, usualmente eficaz en conseguir lo que necesita o cree necesitar, así la ley se lo dificulte (crecerá el mercado negro de las armas nuevamente, contrabando incluído) de ejecutarse ese legicidio, que no resuelve nada, generará varios problemas hoy inexistentes. Mientras el lumpen aplaude, como lo hizo en Caracas, Managua, La Paz y Río de Janeiro (con Lula).

Los ciudadanos que deseen obtener licencias para alguna de las modalidades (caza, deporte, colección y defensa personal) por primera vez, estarán impedidos de hacerlo. Y aquellos a los que les toca renovar, al no poder emitirse la nueva licencia, quedarán en el limbo de la informalidad, que tanto gusta al sector mas corrupto y prepotente de nuestra burocracia, civil o policial. 

Quienes compraron un arma a una tienda formal o a un propietario legal, no podrán obtener la tarjeta de propiedad. Las personas que deseen transferir legalmente su propiedad, no podrán hacerlo, ya que el adquirente no podrá obtener tarjeta de propiedad. Las armerías legales verán congelados sus stocks, lo que las obligará no solo a asumir el costo financiero de la venta suspendida (pues solo se puede comprar un arma obteniendo antes la tarjeta de propiedad respectiva), sino que tendrán que pagar almacenaje (a SUCAMEC o Aduanas) por las armas. Y al poco tiempo, al no poder renovar licencias sus clientes, no tendrán a quien vender la munición. Los clubes y galerías de tiro se verán también forzadas a cerrar.

Las empresas de seguridad no podrán tomar nuevo personal armado, lo que además de afectar de modo importante la generación de nuevos puestos de trabajo, impedirá cumplir con compromisos pactados con el sector público y estatal, paralizando banca, construcción y minería.

Recapacite, señor ministro Morán. Modifique o derogue esa RM, y no se exponga a la acusación constitucional y al papelón de que su resolución sea derogada por el Congreso, en correcto cumplimiento de su función intrínseca de control legislativo.