Lava Jato camina a paso de tortuga

 

Los últimos acontecimientos generados por la divulgación de audios que revelan el grado de descomposición del sistema de administración de justicia en el Perú han distraído a la opinión pública y a las autoridades competentes. Aparentemente han relegado a segundo plano a uno de los mayores escándalos desatados por los sobornos que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, entre otras, repartieron entre expresidentes y funcionarios de diversos niveles del aparato del Estado para asegurarse licitaciones públicas en nuestro país.

Las obras que se vienen investigando son el Centro de Convenciones Lima, el Proyecto de Irrigación Alto Piura, la Línea Amarilla y Rutas de Lima, el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, el Proyecto Integral de Centrales Hidroeléctricas y la Central Hidroeléctrica de Chaglia. A ellas se suman otras de mayor envergadura, como el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil (tramos 2, 3 Y 4), el Metro de Lima y las irrigaciones de Olmos y Chavimochic, que le cuestan al erario nacional “decenas de miles de millones de dólares” y que endeudarán a nuestro país por más de 50 años.

La ejecución de dichas obras —muchas de ellas inconclusas— involucra a los últimos expresidentes: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el defenestrado Pedro Pablo Kuczynski. Todos ellos vienen siendo investigados por el Ministerio Público y por la megacomisión “Lava Jato” (del Congreso), pero con mucha lentitud. Una actitud que exaspera al pueblo peruano.

En esa línea, el nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, optó por destituir al representante del Ministerio Público, Hamilton Castro, por su lentitud e inoperancia en el avance de las investigaciones de este sonado caso, nombrando como su reemplazante al fiscal Provincial, Rafael Vela Barba. Medida similar debiera adoptar el Congreso de la República con la Comisión Lava Jato, presidida por la congresista fujimorista Rosa Bartra, si esta no cumple con presentar —dentro de los plazos establecidos— su Informe Final.

Dicha comisión pidió, hasta en tres oportunidades, la ampliación de plazos de investigación. Han transcurrido 420 días sin que aún se tenga un informe que arroje luces sobre la responsabilidad de cada uno de los expresidentes y los funcionarios involucrados en este escandaloso caso de saqueo y sobornos en agravio del Estado peruano.

Para agravar la situación, el representante del Frente Amplio y vicepresidente de dicha Comisión, el izquierdista Humberto Morales, pretende patear el tablero alegando que no se le ha brindado toda la información y la demora en las investigaciones, como si él no tuviera responsabilidad alguna en ello.

Por su parte, el congresista Mauricio Mulder —aprovechando la coyuntura— está buscando dilatar la investigación, aduciendo que aún no cuentan con elementos suficientes para elaborar un dictamen final. Como se recuerda, fue precisamente Mulder uno de los parlamentarios que, en una comisión similar y durante el Gobierno de Ollanta Humala, encarpetó el dictamen del excongresista Juan Pari, en el que también se halló responsabilidad de los actuales implicados en el caso Lava Jato. Con esa actitud dio la sensación de estar dilatando ese proceso para eludir la responsabilidad de los involucrados.

Se han vencido todos los plazos en estos casi dos años, por lo que es fundamental que se emita un “dictamen final”, para que el Ministerio Público inicie un proceso penal ejemplarizador contra todos aquellos que resulten responsables de haber recibido millonarias coimas de parte de las corruptas empresas brasileñas Odebrecht, OAS, Camargo Correa, etc.

Como se sabe, el 93% de la opinión pública rechaza la actuación del Congreso de la República, razón por la que este Poder del Estado no puede darse el lujo de continuar aplazando el Informe Final de este importante caso de corrupción. Tampoco puede postergar el referéndum que el pueblo reclama para moralizar y reestructurar las instituciones responsables de administrar justicia en el Perú. Ambos casos constituyen un pesado lastre para la débil democracia peruana y deben ser resueltos de inmediato por el Congreso de la República. El pueblo lo viene reclamando.